La propuesta de reforma jurídica ha tenido la virtud de sacar a la luz, con reconocible precisión, dos visones que perviven en este país. Ambas se han situado una frente a otra. Han estado forcejeando durante ya largas semanas. La mayoría de las veces sin mostrarse por entero hasta este último lunes. Aunque ahora sí, la lucha ha sido cuerpo a cuerpo. Una apoyada en su legitimidad electoral. La otra haciendo uso de sus instrumentos que le han dado cierto poder. Ninguna ha dado o pedido tregua ni se ha declarado vencida.
Aun cuando todo lo sucedido apunta a una victoria del oficialismo, los opositores resisten y hasta contratacan. La propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá apunta directamente a la modificación –aunque sea por ocasión especial– de la misma Constitución. Se arroga, con razones endebles, por decir lo menos, la capacidad de hacerlo ante supuestas violaciones a la independencia judicial. Durante este enfrentamiento, que es, crudamente, por el poder, la ciudadanía ha permanecido atenta, pero sin mayor participación adicional.
La reforma ha sido impecable en su logística parlamentaria. Completó los pasos indispensables para declararla constitucional. El Poder Judicial y sus apoyadores han seguido empeñados en formular alguna ruta, o instrumento, que le permita detener el proceso y la ejecución final. No ha sido exitoso en su empeño. Los más de un ciento de amparos emitidos, con sus sentencias al canto, no ha logrado paralizar los trabajos legislativos en curso.
Tampoco consiguieron detener los preparativos para llevar a cabo la elección prevista de jueces, magistrados y ministros. Todo el conjunto deberá, según mandato publicado, presentarse ante los electores: la mitad en el 2025 y el resto en 2027. No hay modo de contrariar lo aprobado por el Congreso de la Unión y más de la mitad de los congresos estatales. Una apabullante maquinaria que cuenta con toda la legalidad existente.
Muy a pesar de la derrotas que ha ido padeciendo la oposición, prosigue impasible en su empeño. Quiere, en verdad, vender caras sus pérdidas. Las quiere llevar hasta que, tal vez pueda, mediante incidente fortuito, detener la decisión oficialista de transformar el aparato judicial, punto que no ha tenido visos de concreción alguna. Ni tampoco se avizora otro futuro que, por acumulación de negativos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, den por terminada la tarea emprendida o la haga improcedente y se termine el intento de cambio.
El propósito opositor, firmemente perseguido de llevar el pleito hasta una crisis constitucional, se ha frustrado, paso a paso. No hay tal crisis ni, al parecer, se ve que pueda haberla. No después del último tramo legislado: reforzando, en la misma Constitución, la improcedencia de instrumentos legales (amparo, controversia y acción de inconstitucionalidad) contra ella misma. Es notable, la tozudez de los opositores. Vuelven a pase arse, como si nada hubiera sucedido, por los mismos vericuetos usados en el pasado. Sin recalar en la sonora catástrofe electoral habida, vuelven sobre argumentos que han mostrado con crudeza notable, sus falsas apreciaciones de realidad.
Atacan con enormes fallas argumentativas. Quedan, a cada paso, muy lejos de ser apreciados por las mayorías nacionales. Recibe, eso sí, el beneplácito de los desnutridos grupos de ciudadanos tocados por fobias y clasismo. Grupos bien posicionados en su bienestar, pero poco aptos para la movilización que acumule y trasmita poder. Entre ellos y para ellos, formulan críticas personalizadas pero insustanciales: Claudia autoritaria, claman orondos. Y, a este sonoro sobrenombre lo elevan, sin pestañear, a rango definitorio de gobierno. No pocos ciudadanos de este conjunto de opositores, no paran hasta llegar a incluir esa palabra maldita que tanto les alucina: comunistas.
Se ha filtrado, por fin, el paso esperado de algún ministro (Carrancá) de la Corte que responda a los amparos otorgados. Este personaje pretende declarar inconstitucional una parte de la reforma. Justamente aquella que va hasta la profundidad ansiada: la elección popular de los jueces. Vaya alegato sin sustancia. Pero, sin detenerse ante tan falsa elaboración, darán un paso sin consecuencias mayores. Nunca sujetarse a votación puede caer en la ilegalidad o perder independencia, quienquiera que sea el sujeto a tal prueba. Por el contrario aumentará su autonomía al recibir el apoyo popular.
Una vez que los ocho ministros han anunciado sus renuncias y la negativa a contender por esos ambicionados puestos en juego, la ruta de cambio queda sin obs táculos adicionales. La transformación del régimen completará su proceso previsto y deseado.
