En respuesta a estas solicitudes de esclarecimiento, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó su extrañeza debido a que ambas naciones no estén celebrando la victoria que representó la captura y arresto del capo y del hijo de El Chapo. Además, aseguró que altos funcionarios de su gobierno han dado toda la información con la que se cuenta, es decir, que no se llevó a cabo ningún operativo policial en México; no era nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra gente y que el piloto no era contratista ni empleado del gobierno de Estados Unidos ni ciudadano estadunidense.

Lejos de clarificar los hechos y de calmar las inquietudes mexicanas, las declaraciones del diplomático refuerzan la percepción de que su país lleva a cabo operaciones encubiertas e ilegales en territorio nacional y que no tiene ninguna intención de enmendar sus conductas delictivas ni sus tratos oscuros con figuras del crimen organizado. Sus palabras confirman los dichos de Gertz Manero, pues si el piloto no es de su gente, tiene que explicarse cómo penetró el espacio aéreo de la máxima potencia militar. Peor aún: es una abierta mentira hablar de captura y arresto de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López, pues el primero no fue capturado (acto que precisa de una orden de aprehensión), sino secuestrado, mientras el estatus legal del segundo permanece en una zona gris donde no se sabe si es un acusado o un colaborador de Washington, ni qué acuerdos tejió, ni con quiénes, para emprender el plagio de quien se supone era uno de los más poderosos jefes criminales.

Para Washington, tanto la ejecución extrajudicial como el secuestro de ciudadanos extranjeros y su traslado a prisiones clandestinas son prácticas regulares de su gobierno, pero México no comparte esa deplorable tradición de violaciones trasnacionales de los derechos humanos y, por lo tanto, no puede celebrar un crimen, sin importar el perfil de la víctima. Así se trate de un presunto narcotraficante, su sustracción del país sin una orden judicial constituye un delito contra esa persona y una afrenta a la soberanía nacional. Lo único que extraña en este caso es que un funcionario que ejerce de embajador desconozca o desprecie estos principios elementales de legalidad.

Salazar y sus superiores a los que reputa de ser las personas más auténticas, sin corrupción (el secretario de Estado, Antony Blinken, y el fiscal general, Merrick Garland), deberían saber que la ruptura del estado de derecho nunca es una victoria, sino un fracaso de la procuración e impartición de justicia, y que cuando esa ruptura la propicia el propio Estado que debería velar por ella, constituye una grave infracción que no debe ser celebrada, sino corregida.