“Estos ministros y ministras –declaró la Presidenta en su mañanera– que van a votar en estos días sabiendo que su voto va contra la Constitución, cuando ellos y ellas supuestamente son el resguardo de la misma, también van a pasar a la historia y también el pueblo va a decir cómo se comportaron en un momento de transformación tan importante para el país” (https://goo.su/h6LxW). Y de los siete ministros que se aseguraba renunciarían a competir en las elecciones de junio próximo sólo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena lo había hecho público, al menos a la nocturna hora de cerrar la presente columna.
Así que la propuesta negociada o negociadora del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá (propuesto al cargo el 6 de diciembre de 2018 por el presidente entrante, López Obrador) atemperó algunas posiciones del grupo políticamente dominante (sólo Gerardo Fernández Noroña hizo piruetas declarativas para esbozar que habría la posibilidad de no aceptar las renuncias de los ministros).
En esos tanteos entre las dos partes contendientes, la Corte anunció que sesionará el próximo 5 de noviembre (cuando la atención mundial estará centrada en las elecciones presidenciales de Estados Unidos) para resolver sobre las diversas objeciones a la reforma judicial que le han sido presentadas. En tal sesión crucial se tendrá la ponencia de autocontención
del ministro González Alcántara Carrancá como punto de referencia para rechazo, aprobación o modificación.
Con un agregado polémico al suspenso, pues es muy probable que cuando se celebre dicha sesión de la Corte ya haya sido aprobada a toda velocidad por las cámaras federales y la mitad de los congresos estatales, y promulgada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma legislativa que prohibirá a los jueces revisar e impugnar dicho tipo de reformas. Es de suponerse que tal blindaje no tendría efectos retroactivos sobre un proceso en curso de la Corte, pero ciertamente añade conflictividad al asunto de por sí candente.
En medio del barullo, mientras la atención pública se centraba en el tema general de la reforma judicial, legisladores morenistas regalaron a la actual presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, la facultad de tomar decisiones administrativas importantes sin respetar el sentido de colegialidad que había mantenido tal órgano autónomo. Sus antecesores (en las denominaciones IFE e INE), y ella misma, batallaron largamente para conseguir la aprobación de nombramientos de funcionarios importantes y otras decisiones operativas.
Ahora, con las sorpresivas reformas hechas por la mayoría morenista a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Taddei no necesitará la aprobación de la mayoría del Consejo General para nombrar directores ejecutivos y puestos claves de la Junta General Ejecutiva (vale recordar que hasta ahora, precisamente por los disensos entre los consejeros, el INE de Taddei no ha podido designar titulares definitivos, sino solamente encargados de despacho
.
Pues bien, hoy seis de los 11 consejeros electorales solicitarán, en sesión extraordinaria de Consejo General, que el INE presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para declarar inválida la reforma morenista que eliminó parte sustancial de la colegialidad de tal instituto.
Y, mientras ha reaparecido Alejandro Gertz en las mañaneras para asegurar que tiene pruebas de que lo de El Mayo Zambada fue un secuestro y para quejarse de la falta de cooperación de Estados Unidos para esclarecer lo que el pasado 25 de julio comenzó en Culiacán y aterrizó en un aeropuerto del vecino país, ¡hasta mañana!
Facebook: Julio Astillero
