El ministro Juan Luis González Alcántara “no ha pretendido por sí solo detener el trabajo de los legisladores” respecto de la reforma al poder judicial, “está haciendo una propuesta de solución que necesita de al menos otros siete votos, que otros siete de sus diez compañeros estén de acuerdo con él, pero esto pasa por una deliberación que será pública que será justificada y que y que eventualmente será votada. No nos equivoquemos, no es una decisión es sólo un proyecto de un ministro”, afirmó el magistrado Juan José Olvera López, durante la conferencia de jueces.

Durante el encuentro con la prensa, señaló que se debe “dejar en claro que se trata de un proyecto de sentencia, no de una decisión, lo que implica que es un proceso deliberativo de las decisiones judiciales en los órganos colegiados, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Estas declaraciones ocurren un día después de que el ministro González Alcántara presentó un proyecto que atiende cinco acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la reforma judicial, y su propuesta plantea echar abajo la elección de jueces y magistrados, al considerar que la anulación de las elecciones de los más de mil 600 impartidores de justicia se justifica “aun sin analizar la mera elección popular como un método compatible con el régimen democrático y republicano para la elección de personas juzgadoras, es claro que tanto el sistema de postulación de candidaturas como el sistema de listas generado para la votación, corrompen los fundamentos de nuestra República representativa y democrática”.

Pero valida la elección popular para integrantes de la SCJN, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Justicia Judicial.

A ese respecto, el magistrado Juan José Olvera López planteó que el cargo de presidente de la República y los legisladores se entienda que naturalmente sean electos por el pueblo, pero que “en el caso de la función judicial, es una función técnica que sirve de contención a los abusos de poder de los otros dos poderes”.

En tanto que los impartidores de justicia y su designación en los cargos de jueces y magistrados “tienen otra naturaleza” y que lo estipulado en la reforma al poder judicial “no cumple con los principios básicos que la propia Constitución establece”.

Por otra parte, la jueza Lucia del Carmen Flores Gaytán señaló que una de las fallas que presenta la reforma al poder judicial y que requiere poner atención se relaciona con más de cien casos de quienes ya tomaron protesta como jueces en diversas especialidades y no se le ha adscrito a ningún juzgado desde hace dos años.

“La llamada reforma judicial no nos incluye en ninguna parte ni en las leyes secundarias. Nuestra intención es hacer pública esta situación, que la sociedad sepa y que los poderes que tengan la intención de atender la problemática puedan disipar todas y cada una de las dudas que tenemos de qué va a ocurrir con nosotros”.