Sólo 9.4 por ciento de la población hablante de lengua indígena cuenta con educación superior, mientras que la proporción es de 35.9 por ciento en el segmento de personas que no se comunican bajo esa modalidad, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La educación superior se conforma por los programas posteriores a la enseñanza secundaria, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El Coneval presentó el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024 y la Evaluación integral de la política social vinculada al derecho a la educación 2023-2024, donde determinó que se requiere una estrategia integral que ponga en el centro el bajo rendimiento académico de los estudiantes mexicanos.
A su vez, que esa estrategia busque fortalecer los diferentes factores asociados al aprendizaje y brinde prioridad a los centros escolares cuyo rendimiento es menor.
El análisis muestra que la primera limitante para la garantía del derecho es la baja cobertura de los servicios educativos para niños, jóvenes en edad de educación superior, población hablante de lengua indígena (HLI) y personas con discapacidad.
A su vez, el estudio dejó ver que las personas con ingresos inferiores a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) están limitadas para tener acceso a la educación.
“Existen brechas significativas en la asistencia entre la población por encima y por debajo de la LPEI, y estas tienden a ampliarse al avanzar las trayectorias educativas”, mencionó el Coneval.
Las diferencias en puntos porcentuales para la asistencia son de 3.6 puntos porcentuales en preescolar, 2.2 en primaria, 7.9 en secundaria, 15.2 en educación media superior y 14.0 en educación superior, con menores tasas de asistencia para la población con ingreso inferior a la LPEI.
Coneval identificó un alto rezago educativo y analfabetismo en la población hablante de lengua indígena que habita en el ámbito rural, particularmente en población adulta mayor y en población de 15 años o más que no completó su educación obligatoria
En el 2022, 1 de cada 5 personas no había concluido sus estudios de educación obligatoria. El 46 por ciento de las personas con 65 años o más, el 46.4 por ciento de la población hablante de lengua indígena, 44.8 por ciento de personas con discapacidad y 31.4 por ciento de los habitantes de localidades rurales tenían rezago educativo.
Además, hay brechas que afectan a las escuelas indígenas, comunitarias, multigrado y telesecundarias: en la Prueba Planea 2018 entre 70 y el 80 por ciento de los estudiantes en escuelas indígenas y comunitarias obtuvieron el nivel de logro mínimo, y no se registraron estudiantes con puntajes sobresalientes.
En la Prueba Planea 2019, el 42.5 por ciento de los estudiantes de telesecundarias obtuvieron un dominio insuficiente en lenguaje y comunicación contra 32.8 por ciento a nivel nacional.
Es necesario considerar que las escuelas comunitarias no cuentan con personal docente, sino educadores comunitarios, mientras que en las escuelas multigrado un solo docente atiende a varios grupos.
Avance interrumpido
El inicio tardío, rezago e interrupción de las trayectorias educativas son problemáticas que vulneran el derecho a la educación en general.
En 2022, la tasa de cobertura neta para el grupo de 6 a 11 años fue de 94.3 por ciento, pero disminuyó a 83.6 por ciento para las personas de 12 a 14 años, y cayó a 67.2 por ciento para el grupo de 15 a 17 años.
