Para evaluar la pertinencia de una institución y su papel en el modelo de nación, siempre debe hacerse con perspectiva histórica. El que una institución haya sido imprescindible en un contexto y para la implementación de un modelo, no implica que lo sea en uno nuevo. En este caso en concreto, hablemos de la relevancia y pertinencia de los órganos reguladores autónomos (ORA), como la Cofece, IFT, y CRE (aunque no sea constitucionalmente autónoma, un grupo importante ha interpretado que debe manejarse como tal).
¿Cuál era su función y bajo qué contexto y mandato nacieron? En teoría, en el mundo, los ORA, nacen para defender a los consumidores tras un proceso de liberalización de diversas industrias, pero terminaron, en su mayoría, capturados y defendiendo los interés de esas industrias ante el debilitamiento del Ejecutivo. En México, hemos visto que la separación del Ejecutivo de las funciones de regulación de sectores como telecomunicaciones, energía y competencia económica en general, siempre se han dieron en el contexto y como parte fundamental de la implementación del modelo neoliberal que tenía como premisa debilitar al Poder Ejecutivo. Las liberalizaciones y aperturas económicas de estos sectores siempre vinieron acompañadas de regulaciones que destruyeron e inhibieron a los antiguos proveedores de servicios estatales para permitir a la IP adueñarse de esos sectores. El objetivo final siempre era llevar a cabo privatizaciones indirectas de la infraestructura que el Estado pasó décadas desarrollando. Restringir la participación del Estado en la toma de decisiones y en la implementación de políticas de estos sectores era visto por los neoliberales como algo esencial, toda vez que se tenía que garantizar a las inversiones nacionales y extranjeras el mismo marco legal durante décadas y protección extraterritorial para darles “certidumbre”. Desde su perspectiva, estaba mal que esas decisiones estuvieran en el ámbito del Ejecutivo, porque era sujetarlas a la incertidumbre que las democracias conllevan; entonces, en aras de atraer inversiones, se removieron del ciclo democrático todas las decisiones de carácter de política económica, creando estos ORA con mandatos más allá de dichos ciclos.
Esto se ejemplifica muy bien con lo que decía Larry Fink, CEO de BlackRock: “Los mercados prefieren los gobiernos totalitarios, la democracia es muy volátil, las opiniones cambian todo el tiempo”. Sin embargo, parte fundamental del modelo “occidental” son los “valores democráticos” por lo que se los neoliberales se inventaron una manera de mantener la ilusión de democracia, al tiempo que tenían herramientas para ignorar los mandatos democráticos. Precisamente esa función cumplen los ORA, anular o postergar lo más posible cualquier tipo de cambio que pueda darse a través de cambios de gobierno democráticamente efectos, en dichos sectores. En muchos países, incluidos México, los ORA han ido contra las políticas públicas con interpretaciones sesgadas, han combatido leyes y regulaciones que van en favor del consumidor final, por proteger las ganancias de un pequeño sector de empresarios que, en muchos casos, actúan como un cártel para extraer renta de dichos sectores estratégicos. Han retrasado la implementación de planes y programas, argumentando “posibles daños a la competencia”, sin importar que los actores que beneficien hayan ignorado por décadas sectores de la población porque no es rentable. En el mundo y en México los ORA, siempre han terminado capturados por los sectores a los que se supone, regulaban. Terminan siendo una oficina de formación de cuadros y relaciones que alimenta la puerta giratoria; claro, que los funcionarios no interfieran con los intereses de la industria durante su tiempo en el puesto.
Así, durante el modelo neoliberal (profundamente antidemocrático), eran parte esencial, pero ahora, con un nuevo modelo de gobierno, que encabeza la doctora Sheinbaum, no lo son. El estado debe velar por los intereses de sus gobernados, debe implementar los planes y programas que formaron parte de la plataforma por la que se les eligió democráticamente y para hacerlo debe poder contar con las facultades necesarias para ello. No debe sorprendernos entonces, que aquellos que defienden la existencia de los ORA sean precisamente, los implementadores del modelo neoliberal y los países de origen de las inversiones que perderían la influencia y protección qué les confieren.
Se vuelve entonces esencial preguntarnos: ¿es democrático un modelo donde la definición e implementación del modelo económico no está en las manos de los funcionarios democráticamente efectos, donde cualquier política, programa, y/o acción de gobierno, en pro de sus ciudadanos, quede sujeta al visto bueno e interpretación de un cuarto poder (que, dicho sea de paso, siempre o casi siempre actúa en unísono con el Poder Judicial, dos poderes que no son electos), que muy probablemente, defienda interés diferentes al interés general? La respuesta es no. Es por esto que se debe reformar profundamente a los ORA, sujetarlos al ciclo democrático y sobre todo, mandatarlos a velar por el interés general.
X: @aloyub
