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Alcaldía criminaliza a niños y artesanos de San Cristóbal de las Casas, acusan

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Artesanos y comerciantes denuncian que han sido desalojados del centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto Sectur
28 de octubre de 2024 15:25

San Cristóbal de Las Casas, Chis. La agrupación Melel Xojobal hizo un llamado a la alcaldesa morenista de San Cristóbal, Fabiola Ricci Diestel a “detener la persecución y criminalización de la niñez trabajadora y sus familias” en el centro histórico de la ciudad.

En un comunicado denunció que las nuevas autoridades municipales que iniciaron funciones hace menos de un mes, han retirado de la vía pública a cientos de familias que trabajan vendiendo artesanías, alimentos y juguetes en el centro de la ciudad.

“Como parte de nuestro trabajo, hemos documentado que desde los primeros días de gobierno del actual ayuntamiento, inspectores de Servicios Públicos Municipales en coordinación con la Policía Municipal han retirado de la vía pública” a los vendedores, agregó

Señaló que “de acuerdo con testimonios de niñas, niños y adolescentes trabajadores y sus familias, desde el 11 de octubre, integrantes de estas dependencias les han prohibido ocupar sus puestos habituales de trabajo ‘reubicándoles’ en lugares con poca iluminación y baja afluencia de transeúntes bajo el argumento de mejorar la imagen urbana’”.

La agrupación que desde hace 27 años trabaja con niñas, niños y adolescentes, afirmó que “les han decomisado mercancías de forma ilegal y les amedrentan constantemente con desalojarlos mediante el uso de la fuerza. A las familias les han dicho que serán sancionados si llevan a sus hijas e hijos a los puestos de trabajo ‘porque se ven feos’ y a las niñas,

niños y adolescentes les hostigan diciendo que no pueden trabajar por ser menores de edad”.

“Desde el Melel Xojobal expresamos nuestra preocupación ante estas acciones de criminalización y discriminación de la niñez trabajadora impulsadas desde el ayuntamiento, ya que vulneran su interés superior y les exponen a mayores riesgos que atentan contra su seguridad, sin ofrecer alternativas para mejorar la protección y garantía de sus derechos”, manifestó.

Recordó que en San Cristóbal de las Casas “el 72 por ciento de las niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza, lo que equivale a cerca de 60 mil personas. Ante esta realidad miles de familias trabajan junto con sus hijas e hijos en espacios públicos como calles, plazas, andadores y mercados”.

Afirmó que “con su trabajo, niñas, niños y adolescentes contribuyen a la economía familiar y a solventar gastos escolares, de vivienda, alimentación, salud y vestido. Desalojarles y amedrentarles en sus espacios de trabajo es una política de desgaste que lejos de resolver el problema de fondo exacerba las violencias estructurales”.

La organización expresó su preocupación “ante las amenazas y hostigamiento de las autoridades municipales hacia la niñez trabajadora del centro histórico que afectan a la niñez en la ciudad y la región, además de que estas prácticas contravienen el principios de interés superior de la niñez como lo mandata el artículo 4o constitucional y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado Chiapas que obliga a las autoridades y funcionarios públicos a priorizar los intereses y necesidades de la infancia en la toma de decisiones”.

Destacó que “es importante mencionar que estas acciones se dan en un contexto de creciente inseguridad y violencia en el municipio que impacta de forma diferenciada en la niñez y adolescencia; se expresan en desapariciones, extorsiones, homicidios con arma de fuego, feminicidios, desplazamientos y reclutamiento forzado, siguen incrementándose en frecuencia e intensidad en la ciudad y la región. El reciente asesinato del Padre Marcelo Pérez es una dolorosa muestra de ello que aún nos cimbra e indigna”.

Sostuvo que “despojar a niñas, niños y adolescentes trabajadores y sus familias de sus fuentes de trabajo es un agravio más ante la desigualdad, la injusticia y las violencias ya mencionadas”, por lo que hizo “un llamado a las autoridades municipales y en especial Ricci Diestel a “generar políticas públicas municipales dirigidas a mejorar la garantía y ejercicio de derechos de la niñez indígena y trabajadora desde el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes habilitando espacios de diálogo para considerar sus intereses y preocupaciones en la toma de decisiones”.

 

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