Una facción identificada plenamente con la llamada Cuarta Transformación ha cometido una pifia (o algo parecido) de muy difícil explicación: Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, llegadas en 2019 y 2021, respectivamente, al máximo tribunal por el empuje de Morena y Palacio Nacional, decidieron (sin el acompañamiento de Lenia Batres, al menos en cuanto al oficio de propuesta) presentar un quinteto de nombres para ser analizados y eventualmente aprobados.
La función de esos cinco evaluadores a nombre del Poder Judicial Federal es delicada, pues tal comité recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas
para garantizar que tengan los conocimientos técnicos
adecuados y que se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales
.
Por si hubiera duda de la trascendencia de esas designaciones, la ministra Ortiz Ahlf precisó en la red social X que ella y Esquivel Mossa habían presentado la quinteta de aspirantes a evaluar, pues este órgano auxiliar será determinante para calificar la idoneidad de las personas elegibles
(https://goo.su/infEgpy).
Pero resulta que entre los cinco nombres propuestos incluyeron a Raúl Plascencia Villanueva, quien fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el 2009 calderonista hasta el 2014 peñista, año en el que no pudo conseguir un periodo más ante los señalamientos de grave inacción ante abusos de poder, subordinación a los intereses de la Presidencia de la República en turno e irregularidades.
Miguel Barbosa, entonces presidente de la mesa directiva del Senado, aseguró que Plascencia había desviado la ruta
de la CNDH. El Partido Acción Nacional, que era la instancia originalmente impulsora de un nuevo periodo de Plascencia, decidió retirar su apoyo, pues dijo Adriana Dávila, senadora entonces y ahora aspirante a presidir el PAN: “en la reunión interna de la bancada panista se ponderó que plantear la relección de Plascencia enviaba el mensaje de no escuchar la opinión mayoritaria de expertos y de organizaciones civiles que están en contra de un nuevo periodo del actual ombudsman nacional” (https://goo.su/Pie7CO).
Un día antes de registrarse como aspirante a la relección, Plascencia Villanueva hizo pública una recomendación sobre la masacre de Tlatlaya (al menos 15 personas ejecutadas de manera extrajudicial por disparos militares), la cual el entonces senador perredista Luis Sánchez Jiménez calificó de tardía
, propiciatoria de impunidad diversas autoridades, entre ellas el entonces gobernador mexiquense, Eruviel Ávila (ahora parte de la llamada 4T, como diputado federal inserto por la puerta trasera del Partido Verde), y contraria a la postura original de dicho ombudsman: Hay un enorme rezago de trabajo en la CNDH, las quejas simplemente se archivan y en los casos graves, como Ayotzinapa o las balas de goma de Puebla, su intervención es sólo mediática
(https://goo.su/tHnY7k).
Tal es una de las piezas de regeneración del tejido judicial que proponen dos de las ministras afines a la llamada 4T. De él y cuatro personas más dependerían, si fueran aprobados por la SCJN, las propuestas del Poder Judicial para la elección de futuros juzgadores. ¿Pifia, desmemoria, grupismo? ¿Así serían filtrados los nombres de los aspirantes idóneos
a altos cargos judiciales?
Vale mencionar que los otros poderes deberán presentar su respectivo comité de evaluación, también con cinco integrantes, lo cual ya ha generado jaloneo entre Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal para definir si en el caso del Legislativo la mayoría la tendrían los senadores o los diputados federales. ¡Hasta mañana!
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