En su informe correspondiente al tercer trimestre de 2024 la empresa energética Iberdrola manifiesta sus intenciones de incursionar en el mercado mexicano a través de las reglas para el uso de baterías de almacenamiento de energía (SAE) en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Estas baterías son parte de los mecanismos de respaldo necesarios a fin de evitar interrupciones en el suministro cuando se recurre a fuentes de energía con altas intermitencias, como la eólica o la solar, y por lo tanto representan una condición ineludible de la transición energética.

Es evidente que los SAE deben desarrollarse e implementarse a la brevedad posible para que México refuerce su rol en el abandono de las energías fósiles, pero esa tarea no puede usarse como pretexto para abrir las puertas a Iberdrola, pues dicha firma se encuentra entre los agentes que más daño han causado al país. La compañía con sede en Bilbao fue probablemente la que más explotó el modelo de saqueo impulsado por los gobiernos neoliberales y que alcanzó su culminación con la reforma energética aprobada por el PRI y el PAN en 2013.

Además de beneficiarse de contratos leoninos que constituyeron un auténtico atraco a la nación, Iberdrola y sus clientes urdieron un esquema criminal que ocasionó pérdidas de miles de millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, por lo tanto, a todos los mexicanos: el fraude del autoabasto. Esta figura permite a negocios de todo tamaño generar por los medios que deseen la electricidad necesaria para llevar a cabo sus actividades, siempre y cuando no vendan la energía a terceros.

Esta prohibición no es arbitraria para vender la energía, es preciso transmitirla a través de la red eléctrica, lo cual tiene un costo operativo y, como la red de transmisión es construida por la CFE, ese costo es asumido por la empresa del Estado. Con la complicidad de los gobernantes neoliberales, de organismos paraempresariales mal llamados autónomos y del incluso más neoliberal Poder Judicial, Iberdrola se hizo de miles de socios de paja, clientes que pretendían participar en un sistema de autoabasto cuando en realidad compraban la energía generada por la transnacional sin pagar el costo de transmisión.

Iberdrola no limita sus prácticas abusivas a México, sino que las perpetra en su propia región de origen, donde tiene un historial de conductas antiecológicas que desmiente su discurso de protectora del medio ambiente y aliada en la transición hacia energías limpias. En 2022, el gobierno español calificó de escandaloso que vaciara dos embalses en las provincias de Zamora y Cáceres para beneficiarse con la venta de energía durante julio y agosto de 2021.

Según informó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la compañía se escuda tras cláusulas de concesión que no prevén caudales mínimos en las presas, sino un volumen de agua concesionada, con lo que dejó sin este recurso a los pobladores y ocasionó pérdidas a los sectores agrícola y turístico. En agosto de 2021, Iberdrola y Naturgy vaciaron pantanos de la comunidad autónoma de Galicia con el propósito de lucrar con un esquema perverso que fija el precio por subasta, pero no para ofertar a los consumidores el precio más bajo, sino para permitir a la industria vender al más alto ofrecido en el pool. Como en ese periodo los costos del gas natural se encontraban disparados, las empresas sobrexplotaron sus hidroeléctricas y cobraron la energía como si hubiera sido generada mediante el hidrocarburo, afectando a los consumidores y desperdiciando el líquido de un modo atroz.

Con tales antecedentes, queda claro que permitir un mayor papel de la multinacional hispana en México supone un riesgo muy alto para el erario, la estabilidad del sistema eléctrico y la preservación del medio ambiente, por lo que cabe desaconsejar a las autoridades y empresas públicas mexicanas que firmen un solo contrato con ella o le entreguen un solo permiso.