“Si eres un movimiento amplio, significativo, independiente y, además, de docentes o estudiantes, olvídalo, nunca tendrás el cobijo de un amparo, de una recomendación o algo semejante”. Es toda una historia: no importa que sean casi 300 mil las solicitudes de amparo de maestras y maestros (2015) contra una reforma educativa que los perseguía. Tampoco importa que se trate de un movimiento de estudiantes que paraliza durante casi un año (1999) a la UNAM en una demanda razonable: gratuidad y acceso y permanencia en la educación superior.
Previamente (1996-1999), nada convenció a la CNDH de que existían abusos mayúsculos en el examen único y todavía hasta hoy (2021), sigue sosteniendo que en el acceso a la educación superior (UNAM, UAM, IPN), no se excluye a más mujeres que hombres.
Y también en sentido contrario: poco importa que los trabajadores académicos y administrativos universitarios de todo el país durante años se hayan esforzado en formar, conforme a la Ley, un sindicato nacional; porque entonces (1980), las autoridades acuden al presidente y éste al Poder Legislativo para que modifique la Constitución (artículo 3º, fracción VII) y entonces corresponda exclusivamente a las autoridades establecer los requisitos y procedimientos de ingreso y permanencia. Y entonces los jueces laborales se apresuran a rechazar, pese a los sólidos alegatos jurídicos, cualquier recurso contra la forma en que ésta se aplica en la legislación secundaria. Y también, sin reforma constitucional de por medio y pese a las protestas constantes, la misma exclusión se aplica a los educadores de nivel básico.
Pero sí se aprueba la participación de los gobernadores (2019). Y ni mencionar el caso Ayotzinapa (2014…) y de otras múltiples represiones contra estudiantes donde ha prevalecido el silencio y la lealtad de la justicia al orden presidencial establecido, por violento y hasta criminal que pueda resultar (100 años de represión y asesinatos a estudiantes y maestros). Por cuestiones como éstas, la virtual inexistencia de un Poder Judicial realmente independiente y atento a las necesidades de los más débiles y del país, ha contribuido a que desde los años 40 y 50 del siglo pasado la educación sea todavía hoy un terreno profundamente conflictivo.
Evidentemente, mantener durante ya más de un siglo una situación como ésta no es una casualidad. Habla de fuertes intereses que crearon una muy arraigada cultura autoritaria del poder nacional (el Ejecutivo) y explica por qué las instituciones y el sistema educativo que controla replican esos rasgos.
No en balde en nuestro pasado no tan lejano y durante 70 años, prácticamente todos los presidentes de la República fueron generales, y la llegada de los presidentes civiles –Díaz Ordaz, pero también otros– mostró claramente hasta qué grado la concepción y uso del poder militar permearon nuestros sistemas de gobierno y el educativo. Y, específicamente, cómo también lo hicieron en relación entre los poderes. De hecho, crearon un pacto de lealtad debida y hasta ciega al poder presidencial.
Lo anterior libró a los mandatarios de la ingente tarea de hacer a partir de la Revolución las indispensables reformas para crear una estabilidad cívica-democrática, que sustituyera la del poder presidencial, pero perjudicó profundamente al país. Porque ahora que éste más necesita de miles de escuelas y universidades despiertas, activas y democráticas, capaces de incidir positivamente con el poder de sus 40 millones de integrantes, lo que tenemos es un sistema e instituciones rígidas, autoritarias y burocráticas y, además, varios millones de hombres y mujeres jóvenes que no tienen acceso al estudio superior.
Esto, en parte porque no hay jueces ni CNDH, que junto con los derechos de las y los jóvenes, los ampare o recomiende un mayor presupuesto para las instituciones públicas. Por lo menos para que no siga desmoronándose: de 2019 a 2024 la matrícula pública superior cayó de ser 70 por ciento a 61 por ciento del total (SEP: Principales cifras…). Y los 330 mil nuevos lugares no detendrán la caída ni la creciente privatización.
De ahí que establecer una nueva manera de designar jueces y juezas –por elección directa– no es solución para la problemática de fondo si no viene acompañada de una verdadera transformación de la perspectiva con que hasta ahora actúan. Se requieren personas convencidas, por ejemplo, para educación, de la necesidad de una ampliación sustancial de la matrícula en las escuelas públicas de nivel superior, incluyendo las autónomas; propiciar que se fortalezcan y se cumplan los derechos de estudiantes y trabajadores, los procesos organizativos democráticos internos en sus instituciones, e impulsar las iniciativas que ven a la universidad como un componente del conocimiento y organización del barrio, pueblo, colonia, ciudad y donde ocurra, metrópoli.
Si hablando de individuos, la palabra salva, al hablar de comunidades y de todo un país, es el conocimiento.
*UAM-X
