En la cresta de la ola noticiosa sobre los últimos hechos violentos en Sinaloa, puede ser procedente una reflexión sobre el tema que trajo a cuenta el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. Paladinamente recomendó que, a las personas ligadas a delitos contra la salud (narco) simplemente se le reclasificara penalmente como terroristas. Hizo con eso el deleite de docenas de gobernadores, congresistas, fiscales académicos, medios y particulares estadunidenses.
¿A qué se debería tal contento? Simple, la jurisdicción universal es un principio jurídico que permite a un Estado juzgar a personas por delitos internacionales, sin importar la nacionalidad de los involucrados o dónde se cometieron.
Este principio se aplica a crímenes que se consideran peligro para la comunidad internacional, como los crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad, tortura. Don Marko simplemente plantea aumentar una causal sin conocer efectos.
Siendo el terrorismo un delito internacional que se persigue legalmente por cualquier país que se ostente como víctima, la clasificación propuesta por Marko legalizaría la entrada a cualquier parte de territorio mexicano a fuerzas militares de Estados Unidos en persecución de supuestos delincuentes.
Sería una nueva versión hoy legalizada de la Expedición Punitiva de 1916 para apresar a Francisco Villa, de la captura del doctor Humberto Álvarez Machaín en 1990 o de la reciente aprehensión y traslado a aquel país de Ismael El Mayo Zambada.
Para más claridad, sería aplaudir la increíble invasión aérea de Panamá por la 101 División Aerotransportada de EU, ordenada por el presidente George H. W. Bush en 1989 para detener a un supuesto narcotraficante, el presidente de aquel país, Manual Antonio Noriega. ¡Lo apresaron, se fueron con su presa y dejaron al pueblo panameño con la boca abierta y sus miles de muertos tirados en las calles!
Ante estos hechos está claro que el señor Marko, si no es tonto, parece. Puede también ser algo peor: un despatriado que está planteando que sea correcto renunciar a los principios de soberanía, seguridad y defensa nacionales. ¿Cómo y a cambio de qué se puede asumir tal actitud?
La razón por la que los estadunidenses reviven la idea está relacionada con las muertes que ha causado la fácil distribución del fentanilo y su uso, lo que llevaría, según ellos, a considerar que los narcotraficantes mexicanos caen en la novedosa propuesta.
El narcotráfico y conductas asociadas han alcanzado tales grados de organización y capacidad de violencia que, a juicio de muchos, ya no pueden ser combatidos como una organización punible convencional; esta es la base de la propuesta de Cortés.
Favorablemente el terrorismo no ha tenido manifestaciones en nuestro país; sin embargo, la expansión de esta forma de reivindicaciones políticas, religiosas, fundamentalistas o simplemente criminales está mundialmente al alza y debería ser estudiada para conocer las posibilidades de que ante ciertas circunstancias se concretara en México.
Ejemplos de organizaciones abiertamente terroristas, con reconocimiento internacional de ese carácter han sido: las FARC, Al Qaeda, FLN, Sendero Luminoso, Hezbollah, ERI o ETA. En México, venturosamente no se ha dado ese tipo de riesgo, porque no estaríamos preparados realmente para enfrentarlo, sería una conmoción nacional.
Por décadas, el gobierno de México decidió olvidar el estudio del tema desde el punto de vista de la seguridad nacional. Lo cree ajeno, remoto, tema sólo de lo noticioso. No hay realmente dentro de sus instituciones corresponsables la que sustentara una hipótesis seria sobre los riesgos que implicaría para México cualquier expresión de ese crimen.
En su caso, qué perfiles se esperan de los posibles actos terroristas nacionales, en qué segmento social o geográfico podrían darse, cuándo o estimulados por qué. Hay una omisión muy seria, una ausencia de gestión de inteligencia estratégica.
Pese al amplio reconocimiento de la necesidad de un acuerdo internacional, no ha sido posible alcanzar un consenso sobre la definición de terrorismo. Ni siquiera nos hemos asociado al primer intento de definición que fue en 1937, aún en tiempos de la Sociedad de Naciones, hoy ONU, cuando se señaló: “Cualquier acto criminal dirigido contra un Estado y encaminado a o calculado para crear un estado de terror en las mentes de personas particulares, de un grupo de personas o del público en general”.
Puede resultar desastroso que nuestras autoridades, tan propensas a la autojustificación, siguieran en la línea absurda de no aprender de lo que sucede en Medio Oriente, estén siempre predispuestas a asegurar que todo va bien, que quienes no piensen como ellas son alarmistas, que estamos perfectamente preparados para todo.
Este espacio de reflexión sería propio para el multilegislador Markito y no simplezas de que otros (siempre EU) vengan a dizque resolver nuestros problemas, ni pensar la dimensión del efecto que sería demoledor. La preocupación es sólida desde la interpretación de EU y sólida, si aquí se pensaran las cosas en serio.
