Se cumplen cinco años y pocos acontecimientos han generado un sinfín de análisis buscando explicar cómo un movimiento social tan rico en propuestas, acéfalo en su dirección, fue capaz de provocar tanto miedo en las clases dominantes. Pero más allá de los sesudos estudios, el sentido de la revuelta popular o estallo social se plasmó en los muros, los panfletos o carteles que dieron vida los propios manifestantes que llenaban las calles de las grandes ciudades del país. En las pancartas y grafitis se expresa el malestar social, las reivindicaciones y las esperanzas de plantar cara a 30 años de neoliberalismo.

Los muros de Santiago, son memoria viva de la violencia y la represión. No por casualidad, uno de los primeros actos posestallido fue repintar con cal, como en su día lo hizo la dictadura pinochetista, los murales que daban fe de los avances del gobierno de la Unidad Popular. En 2019, el objetivo era otro, se trataba de eliminar el grito colectivo de un pueblo que se enfrentó en primera línea a las fuerzas armadas y carabineros.

Era necesario eliminar las pruebas con celeridad. No dejar vestigios. Tarea imposible. Los frentes de edificios y paredes son la huella de una gran revuelta popular, a la par que reflejan las dudas y temores. Una pintada premonitoria sintetiza el peligro: “Mi mayor miedo es que esto pare y todo siga igual”. Y ese fue el objetivo propuesto por el gobierno y avalado por la oposición. Frenar primero y a continuación desarticular el estallido social, hasta dejarlo en nada.

Y lo lograron con base en mentiras y regurgitar las posibilidades de un golpe de Estado, si no se ponía freno a las movilizaciones. El 15 de noviembre de 2019 fue el punto de inflexión. Reunidos en La Moneda, unos y otros pactaron. El gobierno, seguir reprimiendo y la oposición buscar poner fin a las manifestaciones, bajo una promesa de convocar a una convención constituyente.

Ahí estuvieron Gabriel Boric y Giorgio Jackson ofertando paz social y constituyente. El tsunami político, en su reflujo, dejó dos hechos: las elecciones a convencionales en 2021 y el triunfo del Frente Amplio y su candidato presidencial, Gabriel Boric, en 2022. Otra pintada, dejó en claro la traición: “no nos roben nuestros sueños”.

Mónica Echeverría, una de las dramaturgas más destacadas y combativas en la historia de Chile, tuvo a bien morir protestando. Durante la dictadura pinochetista, impulsó el Movimiento Mujeres por la Vida. Ejemplo de la lucha feminista, levantó la voz en defensa de la dignidad. Un incordio para la derecha, los partidos de la concertación y la generación de nuevos dirigentes. Cercana a la muerte, expresó su voluntad de ser amortajada con un parche en el ojo. Era su manera de protestar y dejar en claro los efectos de la más cruenta represión ejercida por gobierno alguno en el Chile post dictadura.

El estallido social estremeció al Chile neoliberal. El entonces presidente, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción, saco a los militares y carabineros a las calles y autorizó el lanzamiento de pelotas de goma a los manifestantes. Entre el 18 octubre y diciembre de 2019, se contabilizaban 23 muertos, 6 mil 362 detenidos, 2 mil 365 heridos, de los cuales 217 presentaban pérdida de masa ocular. El 3 de enero de 2020, fallecía Mónica Echeverría, en el velatorio, su ojo izquierdo fue cubierto por un parche pirata.

La corrupción, los bajos salarios, las pensiones de miseria, la falta de cobertura médica, una educación elitista, la evasión fiscal y ostentación de la plutocracia eran obscenas. En el otro extremo, el neoliberalismo y su cara más abyecta. Hambre y miseria y desigualdad. Los sectores populares dejaron de creer en promesas, rompieron el círculo del miedo, demandaron dignidad. “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, fue otro de los lemas de la rebelión popular que cayó en saco roto al igual que muchas de sus demandas. El covid 19, un año más tarde, fue su sentencia de muerte.

A cinco años, lo que parecía ser el principio del fin del neoliberalismo, con el gobierno de Boric ha significado una puesta al día. En retrospectiva, la Constitución pinochetista sigue vigente, los recursos naturales se han entregado a los capitales privados y trasnacionales. La educación, sanidad y los salarios, reivindicados durante el estallido, siguen en los mismos parámetros, y las pensiones salvo para las fuerzas armadas, diputados, senadores, ministros y cargos públicos, son de hambre.

Así rezaba uno de los carteles desplegados en las manifestaciones: “¿Quieren ver algo violento? Monto promedio de jubilación militar 30 años de servicio=972 mil 354 pesos. Profesora con 40 años de servicio = 200 mil pesos”.

La militarización del Wallmapu y detención de sus dirigentes sigue el camino de anteriores gobiernos. La bandera mapuche enarbolada en la plaza de la Dignidad, seña de identidad de la protesta, ha sido reinterpretada por el gobierno como emblema terrorista. Otra pintada en los muros: “Perdone, pueblo mapuche, por no haberles creído. Ahora sabemos quiénes son los verdaderos terroristas”.

Muchos detenidos durante el estallido siguen presos, acusados de delitos contra la seguridad del Estado. Mientras, los responsables políticos de la represión no han sido juzgados, y los mandos militares y de carabineros implicados en asesinatos, torturas, violencia sexual –violaciones, tocamientos– han sido promovidos en el escalafón militar.

Así, un gobierno destinado a ser la tumba del neoliberalismo, señalaban sus dirigentes, cerró el ciclo.

Hoy, el gobierno y sus aliados son los portavoces del renacido neoliberalismo, esta vez, puesto en marcha por la generación de los millennials. Ellos son los continuadores de la traición y van 50 años de neoliberalismo. En otro muro aún se puede leer: “Aún no hemos ganado nada. Habrá que seguir batallando”.