el uso indebido de su sistema judicial a favor de Televisión Azteca, ya que según lo dado a conocer en medios de comunicación, el Poder Judicial (PJ) en México da la razón al también propietario de Elektra, Ricardo Salinas Pliego, para que no pague lo que debe. La mandataria se refirió al recurso interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por los fondos de inversión estadunidenses Cyrus Capital Partners LP y Contrarian Capital Management LLC, los cuales reclaman al magnate mexicano el pago de un adeudo de 400 millones de dólares y aseguran que el pago se encuentra bloqueado por
absurdas decisiones de las cortes mexicanas.
Los demandantes dicen que el alineamiento del PJ con el empresario es aún más sorprendente si se consideran sus adeudos fiscales que siguen siendo aplazados. Es decir, los gestores de capitales están desconcertados de que un ramo del Estado mexicano proteja a alguien que, de acuerdo con las autoridades, causa un quebranto a la hacienda pública, en alusión a los 24 mil millones de pesos reclamados a Elektra por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Debe recordarse que en varias ocasiones el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los juzgadores, incluidos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han beneficiado al multimillonario con sentencias o dilaciones inexplicables en el trámite de sus casos. En particular, López Obrador señaló al ministro Luis María Aguilar Morales, quien, aseguró, archivó por ocho meses (los cuales siguieron corriendo) el expediente de Elektra, impidiendo al SAT cobrar el adeudo. El anterior titular del Ejecutivo comparó esta lentitud con la forma en que Aguilar Morales emitió resoluciones en cuestión de horas para favorecer a grupos de golpeteo político. Hace dos meses, la ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, admitió otro recurso presentado por Grupo Elektra, con lo que mantiene congelado el cobro de sus obligaciones fiscales.
El desarrollo de este caso demuestra la falsedad del argumento esgrimido por diversos voceros del PJ, así como por sus aliados políticos y mediáticos en México y Estados Unidos, según el cual la reforma promovida por el gobierno federal pone en riesgo la independencia
judicial (eufemismo para la arbitrariedad de los togados y su desprecio a la democracia) indispensable para garantizar a inversionistas y empresarios la certeza jurídica que requieren para operar. Por el contrario, queda visto que la actual conformación de la Judicatura es una amenaza para las personas de negocios, cuyos capitales se encuentran a expensas de las redes de tráfico de influencias, los amiguismos y otras malas prácticas de jueces, magistrados y ministros.
La ciudadanía mexicana puede ver con más claridad que nunca que no sólo la certeza jurídica, sino también la relación económica y política de México con el mundo, están en peligro por la corrupción, arbitrariedad y extravíos de togados irresponsables cuyo empecinamiento en favorecer intereses particulares pone al Estado mexicano en el banquillo.
