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EU solicita a México investigar a ODISA Concrete Equipment

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La empresa Odisa Concrete Equipment es líder en la fabricación de maquinaria para concreto. Foto tomada de la página web www.odisa.com
23 de octubre de 2024 18:45

Ciudad de México. El Gobierno de Estados Unidos solicitó a su homólogo de México una investigación a la empresa Odisa Concrete Equipment al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC, debido a la presunta denegación de los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva, así como el despido de trabajadores.

La petición anunciada por la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, plantea una sanción inicial al fabricante de maquinaria para una planta de cemento en el estado de Hidalgo, ya que se instruyó al Departamento del Tesoro a suspender la liquidación de aranceles sobre los bienes que produce, como equipos para la dosificación y manipulación de hormigón.

“Estados Unidos sigue comprometido con el empoderamiento de los trabajadores a través del T-MEC, y esperamos colaborar con el Gobierno de México para abordar las continuas negaciones de derechos en esta instalación”, afirmó.

La queja laboral número 29 responde a una a una solicitud de un sindicato afiliado a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), quien denunció a Odisa de “interferir” en los derechos de los trabajadores, mediante la “intimidación” y el despido de empleados por actividad sindical.

“Estamos profundamente preocupados por la actividad antisindical en las instalaciones de Odisa”, dijo la subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales, Thea Lee.

“Estas prácticas violan las leyes laborales mexicanas y socavan las protecciones laborales establecidas en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con el gobierno de México para resolver estas negaciones de derechos”, insistió.

El Comité Laboral Interinstitucional, que presiden conjuntamente el Departamento de Trabajo y el Representante Comercial de Estados Unidos, encontró “evidencia suficiente” que respalda las acusaciones.

El gobierno de México tiene 10 días para decidir si realiza una revisión y 45 días para investigar los reclamos y presentar sus conclusiones.

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