Abyectos, devaluados e inmersos en un mar de nepotismo y corrupción, el grueso de los actuales “impartidores de justicia” serán condenados por la historia. Bien, pero antes resulta más que pertinente y urgente sancionarlos ya, pues, en abierta violación de la Constitución y contrarios a la ética profesional, se han convertido en las caras visibles de los grupos de poder que los financian. Es una pandilla a la que ordenaron ir por lana y ha salido trasquilada.
Jueces, magistrados y ministros se han prestado a este juego sucio a sabiendas de que la reforma al Poder Judicial ya no es tal, sino que ya forma parte de la Constitución, ergo, el trabajo sucio que realizan sólo tiene un final nada feliz para ellos, incluido juicio político. Así, sus amparos, suspensiones y conexos –que reparten como tortillas– carecen de fundamento legal, de tal suerte que deberían dedicarse a otra cosa y mejor si lo hacen fuera del aparato de impartición de justicia, porque como parte de él sólo dan vergüenza.
Una muestra pinta de cuerpo entero a quienes presumen ser “de carrera”: “procesos viciados en la selección de jueces, donde se dan venta de exámenes y casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial; se han vendido exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos, procesos que han sido impugnados por los propios jueces y los magistrados por inequidad.
“Influyentismo y falta de criterios objetivos: sólo las personas cercanas a jueces y magistrados (y ministros) resultan vencedoras. Qué decir del nepotismo: en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reveló que la mitad del personal (49 por ciento, equivalente a 24 mil 546 personas) del Poder Judicial tiene al menos un familiar trabajando dentro de este poder” (Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación).
¿Suficiente ese recuento para evaluar al Poder Judicial? Sí, pero falta: “Las sanciones que tienen las actuaciones de funcionarios del Poder Judicial han generado inconformidades, porque hay quejas, de las cuales, en materia de disciplina, de 2004 a 2023 se han presentado 38 mil quejas en contra de servidores públicos; 86 por ciento de ellas fueron desechadas sin iniciar investigación; de las que sí se investigaron, el CJF sólo sancionó a 472 jueces y magistrados ( ídem). Pero apenas 0.7 por ciento del total recibieron un apercibimiento y una amonestación, 0.2 por ciento una suspensión momentánea, 0.1 fue destituido, pero en muchos casos y después de amparos, regresaron a trabajar. Inhabilitaciones, 0.6 del total (23 en total); sanciones económicas, 0.04 por ciento (14), y de enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el CJF, ninguna con sanción”.
Salarios y prestaciones totalmente fuera de la ley, amén de que el paro que decretaron canceló 12 mil 448 audiencias, y los burócratas del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, sin olvidar que un grupo de jueces, sabadazo de por medio, liberan a integrantes del crimen organizado, incluidos los de cuello blanco. El Poder Judicial ha cometido todo tipo de excesos y frenado leyes benéficas para los mexicanos, ergo, generan impunidad y niegan el acceso a la justicia.
Qué decir de la jueza Nancy Juárez Salas, la que quiere “encarcelar” a la presidenta Sheinbaum: en abril de 2021 fue sometida a procedimiento disciplinario; el pleno del CJF ordenó una suspensión, pero en marzo de 2023 ésta fue revocada y ella volvió a su puesto; en 2022, procedimiento disciplinario por hostigamiento laboral y tratos inadecuados a los servidores públicos denunciantes por conductas negativas; fue sancionada por desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores de ese órgano jurisdiccional; en 2015-2016, estuvo sujeta a procedimiento disciplinario por mala conducta y ratificación irregular de licencias médicas (sólo se le impuso una sanción administrativa).
Por si fuera poco, los registros oficiales documentan amonestaciones verbales por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos. Pero sigue despachando como “jueza”.
Y lo que falta, pero en síntesis, la “ética” de los “impartidores de justicia” pone los pelos de punta.
Las rebanadas del pastel
Por si alguien no lo ha registrado, no es la presidenta Sheinbaum quien está en desacato, sino la “jueza” Nancy Juárez Salas.
X: @cafevega
