San Cristóbal De Las Casas, Chis. El sacerdote Marcelo Pérez Pérez no sólo se dedicó a predicar el Evangelio, sino que acompañó movimientos sociales y alzó la voz para defender a los más desprotegidos, por lo que fue objeto de constantes amenazas de muerte y agresiones por parte de grupos de la delincuencia organizada.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares a su favor desde 2015, cuando era párroco de Simojovel, donde denunció a caciques de diversos partidos políticos que controlaban el poder municipal.

Pérez Pérez nació en la comunidad Chichelalhó, municipio de San Andrés Larráinzar, el 17 de enero de 1974 y fue ordenado el 6 de abril 2002 por el entonces obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel. Era el tercero de 11 hermanos.

Antes de ser enviado a Simojovel fue párroco en Chenalhó, donde mantuvo cercanía con integrantes de la organización de la sociedad civil Las Abejas, a la que pertenecían los 45 tsotsiles masacrados por paramilitares priístas el 22 de diciembre de 1997.

En Simojovel se enfrentó con caciques locales; con manifestaciones logró que se frenaran algunos abusos y disminuyera la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, así como la distribución de droga, lo que provocó que fuera amenazado de muerte.

Para protegerlo, la diócesis le asignó hace algunos años la parroquia de Guadalupe, ubicada en San Cristóbal, donde mantenía contacto con muchos grupos, entre ellos de ambientalistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que un grupo de profesores de la región Altos acudió ayer a la plazuela de Guadalupe para condenar su asesinato y exigir que se haga justicia.

Por su origen y su trabajo pastoral tenía cercanía con habitantes y grupos en municipios de los Altos como Pantelhó, donde enfrentó a un grupo de poder político y económico, por lo que de nuevo fue objeto de amenazas.

El ahora cardenal Arizmendi Esquivel, quien radica en Toluca, estado de México, lamentó “muchísimo” el asesinato. Dijo estar “muy adolorido” y anunció que iría a su sepelio.

Recordó que Marcelo “fue de los primeros sacerdotes indígenas que ordené como presbítero”, después de su llegada a la diócesis en 2000. “Siempre estuvo comprometido con la justicia y la paz entre los pueblos originarios, sobre todo en Simojovel, y acompañando a las víctimas de la violencia interna en Pantelhó”, expuso.

Aseguró que “nunca se metió en políticas partidistas, sino siempre luchando por que los valores del reino de Dios se hicieran vida en las comunidades. Son los valores de verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz”.

Felipe Arizmendi sostuvo que “en las luchas internas de Pantelhó por el poder político y económico, no se inclinó por un partido, sino por el respeto entre todos, por la defensa de los desplazados y por el diálogo entre las partes para llegar a soluciones pacíficas”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas divulgó que Pérez Pérez “era un defensor de derechos humanos que por años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos, y a la construcción de la paz en Chiapas, así como a denunciar la violencia que se vive desde hace décadas en el estado, de la que el gobierno mexicano es responsable”.

Añadió que a pesar de la solicitud de la CIDH de que se implementaran medidas cautelares, “el gobierno mexicano fue omiso y aquiescente para atender las causas de fondo de las amenazas en su contra. Lejos de su protección el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión” que estaba detenida.