Ciudad de México. La jerarquía de la Iglesia católica con sus posiciones conservadoras se aisló de la gente, de la mayoría de mujeres y hombres que conservan su religión, pero en desacato silencioso deciden el ejercicio de su sexualidad para tener o no hijos y libertad para gozar de su orientación sexual sin culpas ni miedo, afirmó Aidé García, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

La organización civil cumple 30 años de trabajo, desde una perspectiva católica, ética y feminista en favor de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, lo que ha sido siempre motivo de confrontación con arzobispos y obispos que al amparo del poder político han interferido en las políticas educativas y de salud del país.

Así fue con los gobiernos del PRI desde los años 90 con la reforma del artículo 130 constitucional promovida por Carlos Salinas de Gortari, cuando el Estado “dio un paso atrás” para empoderar a la Iglesia. “Todos los días había violaciones a la laicidad”, sostuvo.

Luego, con los panistas, principalmente Vicente Fox, que mantuvo una cerrazón en la política pública de educación y salud. En cambio, promovió acciones como el Día de la Familia. México fue sede de dos congresos mundiales conservadores, recordó.

En entrevista con motivo del aniversario de la organización, planteó que CDD surgió de una tradición de lucha por los derechos humanos de cristianos progresistas y con el bagaje de la teología de la liberación que cuestionan las enseñanzas de la Iglesia católica.

“Tenemos derecho a disentir de las enseñanzas morales” para retomar el planteamiento del Concilio Vaticano II en los años 50 del siglo pasado, de que la Iglesia católica tenía que cambiar con base en los nuevos tiempos. No lo hizo entonces ni ahora. La Iglesia, como institución, no ha evolucionado, pero sí lo ha hecho la feligresía y agrupaciones como CDD han acompañado ese cambio.

Aidé García recordó y reconoció a María Consuelo Mejía, feminista y fundadora de la agrupación que ayudó y formó a muchas de las mujeres que han colaborado en el desarrollo de CDD y en los logros obtenidos a lo largo de los años.

Mencionó la participación activa que tuvo en la iniciativa de reforma a la Constitución de 2008 para que se incluyera en el artículo 40 que México es una República laica.

La enmienda se publicó hasta 2012 y era indispensable para frenar la intromisión de la Iglesia en las políticas públicas, sobre todo en educación y salud. Pero la lucha ha sido larga y llena de obstáculos para que haya una educación sexual integral desde la infancia y por el derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción, en específico, respecto del aborto.

CDD junto con otras organizaciones promotoras de los derechos sexuales y reproductivos pugnaron por la interrupción legal del embarazo, que se logró a partir de 2007 en la Ciudad de México, y las diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de esta práctica y la violación a los derechos humanos que implica la criminalización de las mujeres que abortan voluntaria o involuntariamente.

Después de 13 años en que más bien hubo retrocesos en más de la mitad de los estados de la República, cuyos congresos locales modificaron sus constituciones para garantizar la vida desde el momento de la concepción, a partir de 2019 se revirtió esa tendencia y ya en 14 estados se han realizado enmiendas al mismo ordenamiento para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de la gestación.

El siguiente paso, que ya se inició, es la eliminación del delito de aborto en los códigos penales, como lo ordenó la SCJN en septiembre de 2023. La iniciativa en trámite en el Congreso de la Ciudad de México sentará el precedente para el resto del país.

Para la directora de CDD, a lo que ya existe en leyes, reglamentos y normas oficiales que garantizan éste y otros derechos, todavía le falta el cambio social; es decir, el respeto pleno de los derechos de todas las personas; el acceso a los servicios de salud sin obstáculos ni impedimentos morales (objeción de conciencia) por parte del personal de salud.

El cambio social tiene que llegar a todo el país, bajo la lógica de que todas las personas tenemos derecho a vivir como mejor nos guste, afirmó Aidé García.