Hay veces que victorias de luchas locales se convierten y se festejan como enormes victorias globales. Cientos de personas de Santa Marta y otras localidades de El Salvador se dieron cita el viernes pasado para recibir a los cinco defensores del agua, puestos en libertad después de 21 meses de detención arbitraria, y sin que haya habido delito que perseguir (ver emotivo video https://tinyurl.com/4uphzw34). Las acusaciones en su contra por el fiscal general de El Salvador eran bajo motivos políticos (ver “Bukele contra defensores del agua”, en La Jornada, 19/1024). El tribunal dictaminó al final que los cinco son completamente inocentes de los dos cargos falsos –asesinato y asociación ilícita– que les imputaban.
La Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), a la que pertenecen los ambientalistas, demanda ahora que el fiscal no apele de la decisión y que “en lugar de insistir en prolongar más este proceso, debe pedir disculpas a los cinco y a la comunidad, y dedicarse a investigar los verdaderos crímenes de guerra, empezando por las masacres que se cometieron contra Santa Marta y otras comunidades”.
La coalición Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador emitió la siguiente declaración: “Los cinco destacados líderes comunitarios conocidos como Los Cinco de Santa Marta, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, desempeñaron un papel decisivo en la exitosa campaña para salvar los ríos de El Salvador de la amenaza de la minería de oro. Con una votación unánime en la Asamblea Nacional de El Salvador en marzo de 2017, El Salvador se convirtió en la primera nación de la Tierra en prohibir todo tipo de minería metálica” (ver declaración completa https://ips-dc. org/aviso-declara-inocentes-a-los-cincodefensores-del-agua-salvadorenos/).
Sin duda, con este caso se ha asestado otro golpe a la credibilidad del gobierno de Nayib Bukele en materia de derechos humanos y a su afirmación de que El Salvador sigue siendo una democracia y de que no hay presos políticos. La heroica e infatigable presión de organizaciones sociales salvadoreñas –con el apoyo de la solidaridad internacional– puede haber funcionado el viernes pasado en favor de los defensores del agua, pero también se ha visibilizado cómo varios opositores políticos, líderes sindicales y defensores de derechos humanos siguen injustamente encarcelados. El movimiento en defensa del agua –liderado por comunidades locales– se mantiene firme frente a cualquier intento futuro para debilitar las protecciones del agua y de las tierras de comunidades en El Salvador. Agrupaciones internacionales apoyan el llamado de organizaciones salvadoreñas para que el fiscal general pida disculpas a los cinco ambientalistas, cuya salud ha sufrido enormemente durante su detención, y a toda la comunidad de Santa Marta, que padeció terribles masacres por los militares, durante la guerra civil salvadoreña de 1980 a 1992.
Como destacamos en un reporte de investigación de enero de 2024, las campañas nacionales e internacionales también han condenado la criminalización de defensores del ambiente, la falta de derechos legales y del debido proceso bajo el actual “régimen de excepción” impuesto por el gobierno Bukele, y advertido sobre su intención de revertir la histórica prohibición nacional a la minería metálica de 2017 (https://tinyurl. com/25jxtf44).
Una delegación internacional de observadores formada por académicos y abogados de Canadá, Estados Unidos y México –Aideé Tassinaride (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), Yvette Borja (Universidad de California en Los Ángeles), Jorge Cuéllar (Dartmouth College) y Bernie Hammond (King’s College, de la Universidad de Western Ontario)– viajaron a El Salvador a atestiguar la audiencia y observaron varias transgresiones de los fiscales durante los procedimientos. Fue una presencia valiente y vital para mostrar apoyo a los ambientalistas (https://tinyurl.com/djyzyf96).
John Cavanagh, del Institute for Policy Studies, declaró que “aplaudimos este veredicto como señal de que la justicia debe prevalecer en El Salvador. Los cinco destacados defensores del agua que se enfrentaron a acusaciones por motivos políticos son héroes de El Salvador, y nunca debieron haber sido detenidos. Pero la lucha no ha terminado; tenemos que asegurarnos de que la persecución de estos líderes comunitarios y del movimiento ambientalista no continúe”.
Vidalina Morales, presidenta de ADES y lideresa histórica del movimiento de defensa del agua ante la minería, declaró: “Agradecemos a las cientos de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil que trabajaron incansablemente durante más de 20 meses para denunciar esta injusticia. Un fallo condenatorio habría sido una sentencia de muerte para nuestros compañeros, ya que las condiciones inhumanas de las cárceles salvadoreñas se han convertido en una trampa mortal para las personas de edad avanzada que padecen enfermedades crónicas”. Insta “al fiscal general a no apelar de esta decisión ante los tribunales superiores; estamos dispuestos a acudir al sistema internacional de derechos humanos , si es necesario, para defender su inocencia y su vida. Tal como habíamos advertido, la absolución de nuestros defensores ambientales era la única resolución legal y justa. Se ha impuesto también el interés nacional y el bien del país”.
El movimiento de solidaridad internacional apoya el llamamiento de la sociedad civil salvadoreña y de las organizaciones de derechos humanos para que se ponga fin al actual “régimen de excepción” en El Salvador y que se libere a miles de personas que han sido encarceladas injustamente. Y también que se garantice la vigencia de la histórica prohibición nacional de la minería metálica de 2017. El gobierno de México, como otros, debe sumarse a esta demanda, y a defender los Acuerdos de Paz firmados en el Castillo de Chapultepec en 1992, que pusieron fin a la persecución política en El Salvador.
*Institute for Policy Studies www.ips-dc.organ
