Chiapas vive una guerra en que bandas del crimen organizado, protegidas y aliadas con grupos económicos y políticos en los distintos niveles de gobierno, aterrorizan a los pueblos de la región. En aquel estado del sureste mexicano, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, de las que destacan cuatro. En primer lugar, las violencias de élites y grupos de poder contra los pueblos. Se trata de violencias racistas y coloniales de caciques, finqueros, terratenientes, empresarios y políticos; estructuras de poder de grupos y familias encarnadas en hombres que piensan que “la vida de una persona indígena vale menos que una gallina”; familias que se heredan el poder público: abuelos, hijos y nietos gobernando desde cualquier partido.
Un segundo tipo de violencias son las de empresas y corporaciones que despojan a los pueblos de sus recursos; refresqueras que saquean el agua con autorización de gobiernos; mineras que explotan a la tierra y a las personas; agroindustrias que usurpan territorios y exprimen a campesinos; industrias turísticas que ocupan los territorios que antes pertenecieron a los pueblos y que condenan a los habitantes a empleos precarizados.
El tercer tipo de violencias que se identifica son las ordenadas, fomentadas y permitidas desde el Estado contra los pueblos organizados, en especial contra los pueblos zapatistas. Están las violencias represivas como la prisión política, o las acciones de intimidación por fuerzas oficiales. También están las violencias que comenten grupos paramilitares, grupos que fueron financiados, entrenados, permitidos o protegidos por el Estado para hacer la guerra a los pueblos zapatistas y a los pueblos que los apoyan. Igualmente encontramos las acciones beligerantes de grupos corporativizados, es decir, agrupaciones que tuvieron un origen legítimo de organización popular, pero que después fueron cooptados por organismos políticos o económicos para hacer labor de contrainsurgencia y guerra contra el zapatismo, sus aliados y pueblos en resistencia.
Un cuarto tipo de violencias que vemos son las de las corporaciones criminales que, aliadas con grupos políticos y económicos, buscan eliminar resistencias para imponer sus negocios: tráfico de personas, tráfico de drogas, trata de mujeres, venta de armas, extorsión y muchos otros negocios ilegales bastante redituables. Estos grupos cuentan con estructuras armadas como miles de sicarios, tanques artesanales, drones, armas de alto poder. Como las corporaciones económicas, las corporaciones criminales compiten entre ellas para tener control del negocio. Lo hacen por medios políticos, económicos y sobre todo por medio de la guerra. Sus aliados políticos les garantizan impunidad.
Estas cuatro violencias se articulan en una misma guerra que tiene entre sus objetivos colonizar territorios, impulsar el mercado, eliminar resistencias a imponer la ley del negocio y la ley del crimen organizado. Una guerra colonial, capitalista, paramilitar y criminal contra el zapatismo, contra los pueblos que resisten y contra los pueblos en general. Una guerra contrainsurgente y una guerra del sistema contra los pueblos.
México vive una intensificación de la guerra y las violencias desde 2006 con el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, desde 2021 aquel estado del sureste vive una situación particular: los recambios en los poderes reales y formales llevaron a las corporaciones delictivas a disputar el control de la frontera, las nuevas rutas de negocios que vienen con los megaproyectos, el tráfico de personas. A lo anterior se suma la operación de organizaciones corporativas que buscan los recursos de los proyectos sociales, así como las disputas políticas de grupos de poder.
La guerra que se fue extendiendo por todo el país hoy encuentra su epicentro en Chiapas, sin que eso signifique que el resto del país esté en paz. Es tiempo de mirar el pasado reciente y ver todo lo que ha destruido la guerra en México. En el recuento de los daños un elemento destaca: casi todas las organizaciones populares y pueblos que resistieron al despojo neoliberal desde la base han sido brutalmente atacados por el crimen organizado, mientras el Estado garantiza impunidad.
La guerra contra los pueblos zapatistas no se ha detenido desde 1994. De manera directa con el Ejército, de manera indirecta con paramilitares y grupos corporativos, y hoy también con grupos del crimen organizado, la guerra en Chiapas hoy toca nuevas dimensiones y nos llama a estar alerta. Las denuncias que han hecho recientemente los zapatistas nos convocan a actuar frente a la emergencia, como también nos convoca el asesinato del padre Marcelo Pérez.
Chiapas es hoy el epicentro de una guerra que se fue extendiendo por todo el país. Con Chiapas tenemos la obligación de alzar la voz y hablar de esa guerra que todos los días nos lastima como sociedad. Exigir hoy alto a los ataques contra las comunidades zapatistas es también exigir alto a la guerra en Chiapas y en todo México. Que la paz siga siendo el objetivo.
*Sociólogo. X: @RaulRomero_mx
