Las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EU) son un acontecimiento de importancia, no sólo para el mundo en general, sino sobre todo para México. Son un contexto que añade incertidumbre al hecho de estar inevitablemente unidos por una frontera de más de 3 mil kilómetros, lo que ha servido para todo tipo de presiones del país vecino; más malas que buenas, porque no hay duda de que es difícil ser el único país subdesarrollado en el mundo vecino de la potencia hegemónica mundial.
Sin embargo, llama la atención las reacciones que la reforma judicial constitucional en México ha suscitado en algunos sectores del vecino país, al grado de que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, expresó la “preocupación del gobierno que representa y de la comunidad empresarial debido a las consecuencias de la reforma judicial para su sector privado” y no sólo eso, sino que, en un tono que no debe aceptarse, señaló que “marcará el camino de la relación de su gobierno con el de la presidenta Claudia Sheinbaum”, lo que implica una clara amenaza en el sentido de que, si no se les da a los inversionistas lo que demandan, habrá problemas.
Esta virulenta reacción explica por qué el embajador de EU en México, Ken Salazar, se haya atrevido a criticar una decisión soberana del país en relación con sus leyes internas. Pero también explica por qué el ex presidente Andrés Manuel López Obrador decidió marcar “una pausa” en las relaciones y la presidenta Claudia Sheinbaum, le señaló al embajador Salazar que no podía ver a los secretarios de Estado sin antes acordar con el canciller Juan Ramón de la Fuente.
¿Por qué están tan alebrestados los vecinos del norte? Porque la SCJN sirvió a los intereses foráneos, particularmente a los de EU, lo que se convirtió en un verdadero obstáculo para el desarrollo del país. Pero ahora, con la reforma judicial constitucional México podrá iniciar nuevos caminos que hagan valer, en primer lugar, sus decisiones sobre la soberanía del país. Por ejemplo, en relación con sus recursos naturales, sobre sus empresas estratégicas, así como concesiones mineras y sobre todo en relación con las condiciones laborales.
Es decir, no más controles salariales, se luchará por un sindicalismo verdaderamente independiente, no ligado ni a élites nacionales ni extranjeras que favorecieron salarios de hambre, a través del tristemente famoso race to the bottom contra los trabajadores y para beneficio de los patrones. Y, por supuesto, se espera que también se apliquen regulaciones a las inversiones extranjeras, porque es inadmisible que simplemente repatrien los beneficios obscenos y ni siquiera dejen parte de la tecnología que desarrollan en el país, no más exenciones fiscales y sobre todo la absoluta prohibición de contaminar ríos, lagos, así como invadir terrenos de los pobladores mexicanos.
Por supuesto que esperamos que haya, por parte de México, una actitud soberana en la renegociación de los tratados. No debe olvidarse que las condiciones bajo las cuales se firmaron tanto el TLCAN como su renegociación, el T-MEC, fueron de entrega total a los inversionistas extranjeros, que han convertido a México en maquilador que exporta los productos extranjeros a costos altamente competitivos pero para Estados Unidos. Principal proveedor de vehículos y sus partes, equipo médico, frutas y verduras, bebidas y licores, combustibles minerales, muebles y colchones, lo que muestra por qué se perdieron las industrias nacionales y se descuidó el mercado interno.
Se devastó el campo mexicano y por ello se expulsó a los campesinos que se vieron forzados a migrar hacia el país vecino ante la imposibilidad de competir con los productos que extranjeros. Gracias a estos migrantes campesinos indocumentados los estadunidenses tuvieron comida en sus mesas, de magnifica calidad y bajos precios, en tanto que esos mexicanos indocumentados ni tiempo para la comida se les permitía. No digamos sus labores en las industrias polleras, o en las despulpadoras de cangrejos que en su mayoría fueron ocupadas por mujeres migrantes. Todos ellos trabajadores migrantes indocumentados, porque se les puede sobrexplotar y deportar cuando convenga a sus empleadores.
Y sin embargo, algunos políticos en EU se atreven a humillarlos, criticarlos y hasta decir que envenenan la sangre de los gringos, como el personaje de Donald Trump, que ha dicho con todas sus letras, que hará una de las mayores deportaciones de migrantes indocumentados de todos los tiempos, si llega a la Casa Blanca.
Los funcionarios estadunidenses afirman que con la reforma judicial “habrá pérdida de independencia y del estado de derecho”. Todo lo contrario, y por eso están tan alterados, porque México está ahora sí, ante la posibilidad de recuperar la independencia para diversificar sus opciones productivas con otros países y hacer realidad el verdadero estado de derecho tan lastimosamente violentado por las decisiones de los 40 años de neoliberalismo.
