Chilpancingo, Gro. Raymundo Díaz Taboada, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTyI), en Guerrero, dio a conocer un comunicado firmado por diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que demanda la libertad de la activista guerrerense Kenia Hernández, presa desde hace cuatro años.
En el comunicado fechado este día en la Ciudad de México- Ginebra, 18 de octubre de 2024, y dirigido a diversas autoridades, las organizaciones no gubernamentales señalan “nuestra profunda preocupación por la continua criminalización en contra de la defensora Kenia Hernández, que por cuatro años ha sido injustamente privada de su libertad. Durante más de 1450 días, la defensora ha visto violados sus derecho al debido proceso y a un juicio justo, ha sufrido discriminación basada en género y por su pertenencia al pueblo indígena amuzgo, además de ser sujeta a situaciones extremas de aislamiento, además, de restricciones en el acceso a atención médica”.
Destacan que Kenia Hérnandez es co-fundadora del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero (MOLPPEG), además, de fundar el Colectivo Libertario Zapata Vive, que “se enfocaba a realizar trabajos con los jóvenes de la costa guerrerense”.
Recuerdan que fue detenida en el estado de México el 7 junio de 2020 y vinculada a proceso por “un delito de "robo con violencia" que no cometió, posteriormente fue puesta en libertad con medida cautelar de presentación periódica. Sin embargo, el 18 de octubre de 2020 fue detenida nuevamente, sin recibir orden judicial, ni conocer los motivos de su detención, por la comisión del supuesto delito de "robo con violencia" en el contexto de una manifestación pública en la caseta La Hortaliza, estado de México”.
Añaden que “luego de 6 días de la segunda detención le fue ejecutada orden de aprehensión por el supuesto delito federal de Ataque a las Vías Generales de Comunicación en Acapulco, Guerrero. Durante los siguientes años la Policía de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE, entidad descentralizada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), le fue sumando distintas causas por el mismo delito, por lo que actualmente enfrenta 9 procesos en su contra por un delito empleado para criminalizar la protesta”.
Durante estos cuatro años, “la defensora ha estado en 3 distintos penales del estado de México y en el Centro Federal Femenil de Reinserción Social 16 (CEFERESO Nº 16 en Morelos), siendo este último lugar donde realizó 2 huelgas de hambre solicitando mejoras en las condiciones de reclusión, toda vez que manifestó condiciones contradictorias a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Además, los procesos judiciales contra Kenia Hernández han estado marcados por irregularidades”.
El caso de Kenia Hernández “es un ejemplo del hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México, marcado por un uso indebido del derecho penal para judicializar a las personas defensoras, así como por la criminalización de la protesta social”.
Demandan: “que se salde la deuda histórica que hay con Kenia Hernández y se dé fin a este encierro de 4 años a la que ha sido sometida por ser "insumisa"; garantizar su seguridad, integridad física y el bienestar psicológico; garantizar el derecho al debido proceso, con perspectiva de género y de derechos humanos; poner fin de inmediato a la política de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos en México, particularmente en contra de las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos”.
Entre los firmantes destacan unas 20 organizaciones Frayba, Mocri, CNPA, CLETA-UNAM, Serapaz, UCIZONI, Frente Popular Francisco Villa, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, OMCT ACAT France Magisterio-mexiquense-CNTE, Frente Popular de la Montaña, entre otras.
