Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reiteró que Fernanda Casanueva de Diego no es abogada; es economista egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México y que no existió dependencia jerárquica de carácter laboral ni organizacional con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado ayer a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos, por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

En una nota informativa, CJF señaló que durante el periodo de abril de 2009 a octubre de 2011, Casanueva de Diego fungió como Directora General de Coordinación Operativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y que los titulares de dicha Secretaría durante ese periodo fueron Fernando Gómez Mont Urueta y Francisco Blake Mora; “por lo que no existió dependencia jerárquica de carácter laboral ni organizacional" con el ex secretario de Seguridad Pública federal.

Agregó que Fernanda Casanueva se ha desempeñado en diversos cargos de la Administración Pública Federal, destacando el de Oficial Mayor, en distintas dependencias y con distintos gobiernos, entre ellos, en las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, así como en la Secretaría de Energía.

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que en el Poder Judicial hay ex colaboradores de García Luna y mencionó a Casanueva de Diego, secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, “quien fue directora general del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública” con García Luna.

Sin embargo, no es la primera vez que se relaciona a la funcionaría con el ex secretario de Seguridad Pública.

En mayo de 2023, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “María Elena Casanueva trabajó con García Luna, entre 2009 y 2011 que había sido recientemente incorporada como secretaria ejecutiva de Administración del Poder Judicial, con aprobación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en febrero de ese mismo año.