Desde Jalisco hasta Chiapas, desde Chilpancingo hasta Culiacán, las expresiones de violencia vistas en los últimos meses contradicen con contundencia la narrativa oficial sostenida tanto en el sexenio anterior como al inicio del actual. Con dichos en que se caracteriza la violencia como hechos aislados y ocasionales, se minimizan violaciones graves a los derechos humanos en el país y se ratifica la apuesta en un modelo de seguridad protagonizado por las fuerzas armadas, con lo cual se promueve la continuidad y profundización de una militarización sostenida durante ya casi dos décadas.
Atrás quedó la postura de quienes hoy gobiernan cuando eran oposición que exigía el regreso de los militares a sus cuarteles. El sexenio de López Obrador estuvo marcado por la apuesta por una Guardia Nacional cuya naturaleza civil era más discursiva que operativa, y que ahora, con la nueva reforma constitucional aprobada, se consolida como institución castrense. Hoy, ya con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, el panorama no es distinto, pues sus apuestas apuntan en la misma dirección.
El 7 de octubre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó en la conferencia matutina la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de este sexenio. Como han difundido los medios, la estrategia consta de cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación mediante la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia y la coordinación con las entidades federativas.
A la par, la estrategia fija tres objetivos concretos: la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y de la extorsión; la neutralización de los generadores de violencia y redes criminales, y el fortalecimiento de las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales.
En una revisión más pormenorizada de la estrategia, puede observarse la priorización de la atención en seis estados con altos índices de violencia, como Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, así como la atención especial a los 10 municipios con mayor tasa de homicidios en el país. Por último, la estrategia incluye dentro de su prospectiva para los primeros 100 días de gobierno, una acción focalizada para atender la extorsión en el ciclo productivo del limón en Michoacán y la atención a la crisis de seguridad en Chiapas.
Hay, sin duda, elementos rescatables de la estrategia. La atención a las causas es un enfoque necesario en todo esfuerzo efectivo de pacificación. También es plausible la apuesta por la inteligencia e investigación, pues ello permitiría llevar a cabo acciones estratégicas, pertinentes y cuidadosas para la prevención y sanción de los delitos. De igual modo, parece pertinente identificar estados y municipios cuya atención es urgente dadas las expresiones de violencia vistas en los últimos días.
No obstante, hoy prevalece la evidencia de que en los últimos 20 años el país no se ha logrado pacificar a pesar de los cambios de gobierno, pues se ha apostado en términos generales por la misma estrategia de seguridad. También es real que cerramos el sexenio anterior con expresiones de suma violencia, especialmente en Sinaloa, donde los enfrentamientos entre cárteles no han cesado; o en Chiapas, donde comunidades indígenas siguen siendo desplazadas por la violencia.
Sin olvidar casos como los de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Guerrero, donde las condiciones de violencia se mantienen sin que importe el cambio de colores partidistas al mando; o en estados como Tabasco y Puebla, que en los últimos meses han experimentado un ascenso de expresiones de violencia asociadas al crimen organizado.
Ante esa realidad, es imprescindible que los gobiernos se atrevan a mirar otras aproximaciones a la seguridad, especialmente la perspectiva de seguridad ciudadana que promueven los organismos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La respuesta a la violencia debe ser de carácter integral y civil; efectivamente, atendiendo a las causas, pero fortaleciendo las instituciones civiles encargadas de la seguridad, pues la teoría y la práctica de las estrategias militarizadas demuestran su baja efectividad.
Si queremos una pacificación efectiva, en armonía con los derechos humanos y los valores democráticos, es preciso que se abran los canales de diálogo y se estrechen los vínculos de colaboración entre gobiernos y sociedad civil. Existen muchos esfuerzos plausibles en materia de seguridad y construcción de la paz surgidos desde la sociedad civil en respuesta a las condiciones críticas de violencia que se viven a lo largo del país.
Sirvan de ejemplo los procesos llevados a cabo para el Diálogo Nacional por la Paz, convocado por los principales órganos representativos de la Iglesia católica y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús; o la propuesta de las universidades del Sistema Universitario Jesuita que enfatiza la cultura de paz, la igualdad sustantiva, la política social, el estado de derecho, la prevención, la atención a víctimas y la educación para la paz.
Ante la crisis de violencia e inseguridad, reiteramos que el uso de las fuerzas armadas sólo puede justificarse como medida de carácter extraordinario, justificado y fiscalizado por controles civiles; recordamos que una verdadera estrategia de pacificación requiere de la coordinación entre autoridades, el fortalecimiento institucional civil en seguridad y justicia y un énfasis en la atención estructural a las causas.
