Madrid. El día después de haber protagonizado prácticamente todas las portadas de periódicos y los noticieros de radio y televisión, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mantuvo una jornada intensa, en la que constató la fractura entre los fiscales españoles ante su continuidad en el cargo después de su imputación en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. El máximo representante de la Fiscalía, el primero en la historia en ser procesado por un delito en ejercicio de su cargo, obtuvo por un lado el apoyo de la Junta de Fiscales, la mayoría afines y nombrados por él mismo, pero fue instado a renunciar al cargo por la mayoría del Consejo Fiscal, en el que están representadas las tres grandes corrientes de la carrera.
García Ortiz está siendo investigado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, a raíz de la filtración de una serie de correos electrónicos relacionados con el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general intervino en el caso para intentar atajar lo que consideró un “bulo” impulsado desde la derecha madrileña para intentar mantener “el relato” de que había sido la Fiscalía la que le habría propuesto un acuerdo a González Amador para evitar la cárcel, cuando en realidad había sido la defensa del presunto defraudador fiscal la que lo había hecho. A partir de ahí hay una serie de filtraciones a medios de comunicación que ahora tendrá que juzgar la justicia para valorar si el fiscal general incurrió en algún delito.
Después de haber recibido el espaldarazo de la Junta de Fiscales, García Ortiz se reunió con el Consejo Fiscal, que éste sí le instó por mayoría a presentar su renuncia para no dañar más la credibilidad de la institución que representa. Sólo recibió el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de otros dos vocales independientes. El resto, siete en total, le instaron a dimitir lo antes posible. Si bien, los fiscales progresistas le reiteraron su apoyo con un comunicado público en el que reiteraron su “firme respaldo a la decisión del fiscal general del Estado de no presentar su dimisión. Razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución judicial sustentan este apoyo”, afirmaron.
García Ortiz también tiene el apoyo del gobierno en pleno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que lo nombró en el cargo, y de los dos partidos que integran la coalición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.
