él ayudó al cártel, él protegió al cártel, él era el cártel; dicha organización criminal no existiría sin ayuda de funcionarios como él, y lo increpó directamente diciendo:
usted tiene muerte en sus manos. García Luna no expresó ningún tipo de arrepentimiento por ser el segundo máximo responsable de la violencia generada por su alineamiento con un bando delictivo, la cual sigue siendo una dolorosa lacra en el México de hoy.
La sentencia al otrora superpolicía da una confirmación jurídica a lo que la ciudadanía mexicana ha sabido desde hace casi dos décadas: durante el sexenio en que Felipe Calderón usurpó la Presidencia de la República se conformó un narcogobierno. Con esta certeza, es inevitable preguntar cuántos nombres de esa administración espuria estuvieron involucrados en todo tipo de actividades ilícitas, pues sería ingenuo pensar que la complicidad quedó confinada a los altos cargos de la SSP en el periodo 2007-2012 y que no hubo ramificaciones en otros ámbitos del gobierno, así como antes y después del calderonato. En este sentido, debe recordarse que García Luna perteneció al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desde 1989; se incorporó a la Policía Federal Preventiva (PFP, también desaparecida) en 1999, mismo año de su creación, y dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI, extinta) durante cinco de seis años del foxismo. Terminado su ciclo en la administración pública, fungió de asesor y contratista millonario para varias instancias en el peñato.
Por otra parte, a estas alturas resulta grotesco el empecinamiento de Felipe Calderón Hinojosa en negar su conocimiento de las andanzas de su mano derecha. Cuando se encontraba en campaña en 2006, la periodista Lydia Cacho le dijo de manera personal que García Luna protegía a los cárteles dedicados a la trata y explotación sexual; en mayo de 2007 el general Tomás Ángeles Dauahare le comunicó el involucramiento de su secre-tario en narcotráfico y otras cosas
; en febrero de 2008 el comandante de la Policía Federal Javier Herrera Valles le envió dos cartas avisando de la colusión con la delincuencia organizada. Otros periodistas, como Olga Wornat y Jesús Lemus, señalaronpúblicamente los anteriores y otros hechos. El ex presidente nacional del PAN Manuel Espino aseguró tiempo después que transmitió a Calderón la queja de políticos latinoamericanos respecto a la filtración a los criminales de documentos confidenciales enviados a García Luna. Ángeles Dauahare y Herrera Valles fueron detenidos y encarcelados sin pruebas por atreverse a denunciar lo que sabían; Wornat sufrió censura e imposibilidad de trabajar en el país y Cacho tuvo que ver cómo todo el sexenio se protegió a quienes la secuestraron.
Por último, es ineludible cuestionar si la dura sentencia dictada contra el ex funcionario representa un acto de justicia o un ajuste de cuentas entre viejos conocidos del crimen organizado. No puede ni debe olvidarse que, cuando se encontraba en la cumbre del poder, García Luna fue condecorado y respaldado por Estados Unidos, e incluso se benefició de las maniobras injerencistas de Washington para llevar a Calderón a Los Pinos. Si a ello se añaden los múltiples casos probados de complicidad criminal de miembros de las principales agencias estadunidenses supuestamente encargadas de frenar el narcotráfico (CIA, DEA y la de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF), es obligado preguntarse si no hay estrechos vínculos de complicidad entre el ahora sentenciado y el gobierno que antes lo impulsó y ensalzó y que ahora lo condena.
