Ciudad de México. La reforma judicial podría elevar el costo del crédito que otorgan bancos e intermediarios especializados, ya que la recuperación de garantías podría ser más larga en los juzgados al tener personal que carezca de la capacitación requerida, advirtió Susana Bravo, directora de ingeniería legal de TMSourcing.

Al participar en el primer webinar de TMSourcing "Reforma judicial en México: Implicaciones para el sector financiero no bancario y fiduciario", la especialista señaló que los intermediarios financieros no bancarios serán afectados por la reforma judicial cuando se eleven sus carteras vencidas y busquen recuperarlas.

Los intermediarios son principalmente las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y las Sociedades Financieras Populares (Sofipos).

“Si caen en un tema de cartera vencida, el tema de recuperabilidad de su capital puede ser más complicado. Ellos se fondean de manera diferente a un banco porque no tienen actividades de captación, tienen riesgo latente”, mencionó en la conferencia.

“Para un intermediario financiero, me parece que garantizar la recuperación de su capital en esta etapa es fundamental, les puede pegar y creo que sí podría afectar al usuario final porque algún intermediario financiero va a gastar más recursos en la recuperación de cartera, esto a la larga va a traer incrementos en las tasas de interés”, agregó.

Explicó que el costo del crédito será alto si hay incertidumbre legal porque los inversionistas de los bancos e intermediarios buscarán protegerse del impago de sus clientes.

“Esto significa que estos préstamos que ellos otorgan a su vez van a ser más caros, las tasas van a ser más elevadas y por ende van a pedir mayores garantías, y así es como se va permeando hasta los usuarios finales”, comentó.

“Creo que este sector de los no tan grandes pudiera verse bastante golpeado por esta reforma y es donde como gremio deben buscar todos algún tipo de opción que contrarreste”, advirtió.

En la misma videoconferencia, Sergio Chagoya, socio de Santamarina y Steta, sostuvo que por volumen, (los más afectados) podrían ser las instituciones o los grupos financieros más grandes que tienen más clientes.

No obstante, subrayó que preocupa más la pérdida de profesionales del poder judicial que realizaban exámenes para su formación sobre todo a nivel federal.

“En principio, no hay en el paquete de reformas (un inicio) de que se vayan a eliminar los juzgados especiales, pero el riesgo es amplio (en cuanto a) que los jueces especializados en competencia económica, en telecomunicaciones, en concursos mercantiles también empiecen a adolecer al ser nuevos, al no tener esta trayectoria y esta carrera judicial que en los últimos 30 años se ha impulsado. Entonces ahí está el riesgo”, aseguró.

“En lo que hace a juicios especiales hipotecarios, ejecución de garantías y otras acciones que las instituciones financieras no bancarias o bancarias emplean, también hay un riesgo en el sentido de que no se tenga ese reconocimiento, esa capacidad, como se ha venido construyendo en todas estas décadas”, reiteró.