La mandataria dijo que se despejaron las dudas de las personas de negocios en torno a la reforma judicial, la efectuada en materia energética y toda la legislación impulsada por ella y su antecesor, gracias a lo cual ya existe claridad en torno a la seguridad de las inversiones y a las reglas que habrán de seguir. Como se dijo siempre, la prioridad dada a la rectoría del Estado en el ámbito estratégico de la industria eléctrica se acompaña de garantías legales para la participación privada, en cuyas manos quedará 46 por ciento de la generación. En la misma sintonía, el embajador de Washington en México, Ken Salazar, estimó que el diálogo de alto nivel suscita confianza y que está firme el interés común en hacer de América del Norte la principal potencia económica del mundo. Los posicionamientos de los empresarios y sus dirigentes coincidieron con lo reseñado.

Tales resultados son indicativos de la solidez de la parte mexicana para acudir a las negociaciones del T-MEC que comenzarán el año entrante y en las que, como señaló la presidente Sheinbaum, cabe esperar un número limitado de modificaciones, todas orientadas a fortalecer la integración regional. Es un buen auspicio que el embajador Salazar finalmente haya depuesto su actitud injerencista y se abstenga de declaraciones fuera de lugar en torno a la reforma al Poder Judicial y a los esfuerzos del gobierno federal para recuperar la soberanía y las capacidades nacionales desmanteladas durante el periodo neoliberal.

En conclusión, a juzgar por lo expresado tras el encuentro, se cuenta con bases sólidas no sólo para fortalecer el vínculo entre el gobierno y las cúpulas empresariales, sino también el existente entre México y Estados Unidos. Queda claro también que es imperioso tomar con prudencia los anuncios apocalípticos de actores interesados en descarrilar el proyecto de transformación en curso. Los hechos demuestran que no hay una estampida de inversionistas ni mucho menos una intención de los grandes capitales globales de asfixiar al país mediante tácticas de desestabilización, puesto que el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que el de su predecesor, no tiene ningún componente antiempresarial, antiestadunidense ni contrario a la operación de las empresas o al fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales.