Poco más tarde, e igual de sonora, se escuchó una segunda bofetada en el mismo recinto: para 2025, los empresarios estadunidenses planean inversiones en México que rebasan 20 mil millones de dólares, de acuerdo con el anuncio de la presidenta Sheinbaum luego de la denominada cumbre Diálogo CEO México-Estados Unidos, en la que participaron (alrededor de 240, entre ellos el zopilote Claudio X. González Laporte) los principales directivos de empresas de aquel país y del nuestro con funcionarios del gobierno mexicano.

Ese monto a invertir no da precisamente una imagen de lo que apenas 24 horas antes las hordas empresariales estadunidenses y sus gerentes en el gobierno de aquel país ácidamente publicitaron mediáticamente (preocupa a gobierno y empresarios de Estados Unidos la reforma judicial), ni mucho menos el chantajista rosario de calificativos que, antes de dicho encuentro en Palacio Nacional, ellas mismas hicieron circular por doquier, todas asociadas con la reforma al Poder Judicial: dudas, pérdida de confianza, muchos desafíos, pérdida de independencia de los jueces, pérdida del estado de derecho, deterioro del ambiente de negocios, eventual cancelación de proyectos de inversión en México; la reforma genera mucho ruido y marcará el rumbo de la relación bilateral; estamos escépticos, etcétera, etcétera.

¡Qué horror! Todo ello, desde luego, dejando de lado (memoria a conveniencia) que históricamente ha sido, es, Estados Unidos el país en el mundo que más elige jueces por medio del voto popular, es decir, el mismo procedimiento que en México les provoca el citado rosario de calificativos.

Ante tal panorama (versión de los chantajistas gringos), la presidenta Sheinbaum reviró: Lo que queremos es que haya certidumbre, confianza. La reforma al Poder Judicial fortalece el estado de derecho en México; sus inversiones están seguras en nuestro país; ningún empresario estadunidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial; al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial, y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México, para fortalecer el estado de derecho.

Entonces, dijo la mandataria, ¿a quién se le ocurriría poner en tela de juicio el proceso de elección de los jueces? Eso no cuestiona la democracia ni los resultados de la idoneidad de los jueces o las juezas. En México, dijo, queremos un Poder Judicial libre de corrupción, que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país, y también al inversionista; que todos sean iguales ante la ley, que es finalmente lo que dice nuestra Constitución y las constituciones de países democráticos.

En ese tenor, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a los chantajistas estadunidenses recordó: “Les decía ayer en la cena: bueno, si no se estuviese haciendo esta reforma, ustedes me preguntarían: ‘Oiga, ¿por qué no reforman el Poder Judicial si tienen mayoría calificada? ¿Por qué no han hecho una reforma, si más de la mitad de los jueces son parientes de los otros? ¿Por qué no han hecho una reforma si se libera un día y otro también a multitud de delincuentes? No hay por qué suponer que esto va a poner en tela de juicio algún interés legítimo o propiedades o inversiones, porque el objetivo es renovar el Poder Judicial”.

Ebrard recordó que el pasado 29 de junio “el presidente Biden publicó un artículo en The Washington Post, diciendo: ‘La Suprema Corte de Estados Unidos tiene una crisis ética y tenemos que ver cómo hacemos para que prevalezca un código de ética’. Estoy hablando de Estados Unidos. Yo nunca había visto un pronunciamiento tan fuerte; la vía mexicana para resolver esa crisis de ética que también tenemos en nuestro Poder Judicial es la que aprobó el pueblo de México”. Entonces, ¿por qué allá es bueno y aquí malo?

Las rebanadas del pastel

Llegó el día: ¿cuántos años para el narco calderonista Genaro García Luna?

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