El avance en los niveles de recaudación tributaria que se ha logrado en los últimos sexenios no ha generado aún una mejora integral de los indicadores de desarrollo social, concluyó el documento de trabajo Gasto público justo y eficiente: Una herramienta para la igualdad publicado por la Alianza por la Justicia Fiscal, que una iniciativa conformada por siete organismos. 

Entre ellos se encuentran Oxfam México, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y México Evalúa. 

Los ingresos tributarios del sector público han tenido un crecimiento constante en los últimos años, ya que representaban 12.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2018 y aumentaron a 14.3 por ciento del PIB en 2023, destacó en conferencia Jorge Eduardo Cano, coordinador del programa de gasto público de México Evalúa y autor del análisis, junto con Ramiro Suárez, investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas del mismo organismo.

“A pesar de esto, no hemos visto una mejoría integral en todos los indicadores de desarrollo social, la principal es la carencia a los servicios de acceso a la salud, que pasó de 20 millones de personas en 2018 a 50.3 millones de personas en 2022 ”, comentó Cano. 

A su vez, agregó, los indicadores de educación se deterioraron, ya que en 2024, habrá 1.2 millones de estudiantes de los que hubo en 2018. La población con rezago educativo pasó de 23.5 millones en 2018 a 25.1 millones en 2022.

En el documento se expone que la situación fiscal de México enfrenta desafíos que comprometen su sostenibilidad y la capacidad de garantizar el financiamiento de los derechos de la población.

“Los ingresos actuales no son suficientes para atender las demandas y las necesidades del país, lo que ha llevado a un incremento en el endeudamiento público: los requerimientos financieros del sector público alcanzarán una cifra histórica en 2024”, comentaron los autores.

Recordaron que los comparativos internacionales revelan los bajos niveles de recaudación tributaria en México, lo que limita la capacidad del Estado para destinar recursos a políticas dirigidas a reducir desigualdades. 

Destacaron que será difícil lograrlo sin ampliar los ingresos del gobierno a través de impuestos sin generar  mecanismos que aseguren un mejor ejercicio de los recursos y la calidad del gasto, difícilmente alcanzará los propósitos que buscamos. 

Comentaron que es indispensable establecer controles para reducir la discrecionalidad del Ejecutivo en la programación, la planeación y la ejecución de los recursos. 

“Si no mejoramos los controles y la transparencia, aun si se incrementa la recaudación, persistirán los riesgos de asignar recursos a proyectos que no son socialmente rentables y de que se destinen a gasto corriente o a transferencias a entidades públicas que no mejoran la situación de los menos favorecidos”, manifestaron.

Destacaron que si bien redujo la población en situación de pobreza —la cual pasó de 41.9 por ciento del total (51.9 millones) en 2018 a 36.3 por ciento (46.8 millones) en 2022, también hay retrocesos. 

La proporción de viviendas que recibe agua diariamente, se redujo de 69.5 por ciento en 2018 a 65.8 por ciento en 2022  en un periodo durante el cual se contó con un aumento de los ingresos públicos.