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México, SA

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Emilio Lozoya, ex director de Pemex implicado en el quebranto a la empresa estatal mediante la compraventa de Agronitrogenados, a su llegada a una audiencia en el Reclusorio Norte, el pasado 8 de mayo. Foto ‘La Jornada’
15 de octubre de 2024 07:49
En el inventario de pendientes del gobierno federal aparece uno que de tiempo atrás debió ser saldado, aunque permanece en el aire: el gánster Alonso Ancira no ha resarcido al ciento por ciento el descarado fraude por él cometido en contra de la nación, es decir, aquel que, en contubernio con otro gánster, Emilio Lozoya Austin, realizó con la venta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre de 2013 y a precio escalofriantemente elevado (chatarra por millones de dólares) a escasos días de iniciarse la administración de Enrique Peña Nieto.

Al destaparse la cloaca del fraude, el mafioso marca Carlos Salinas de Gortari huyó a España, donde lo atraparon y encarcelaron sólo para extraditarlo a México. Ya en el país, fue remitido al Reclusorio Norte y para salir de él llegó a un acuerdo reparatorio con el gobierno de López Obrador: paga los 216.6 millones de dólares y sales de chirona. Pidió hacerlo a plazos, pero sólo cubrió poco menos de la mitad (alrededor de 100 millones), y ya en la calle agarró el avión y se fue a vivir a Estados Unidos, país del que también tiene nacionalidad.

La última información que sobre el particular divulgó el otrora director de Pemex Octavio Romero (mayo de 2024), detalló que como parte de la lucha contra la corrupción, en el caso del fraude en la compra de la planta de Agronitrogenados, efectuada en 2013, de los 216.6 millones de dólares que el ex presidente de Altos Hornos, Alonso Ancira, acordó pagar, se ha logrado ya el pago de 104 millones de dólares, ergo, restan 112.6 millones por cubrir, pero ni sus luces, mientras el barón goza de su libertad en Estados Unidos. Ello, con todo y que habría logrado un aplazamiento, hasta el 30 de noviembre de 2024, para saldar la cuenta.

Paralelamente, Ancira reventó a la otrora paraestatal Altos Hornos de México (AHMSA): la quebró y dejó tirados a cerca de 20 mil trabajadores y a cientos de acreedores; fingió una restructuración con nuevos accionistas e inyección de capital fresco, pero nada de ello sucedió y la empresa se mantiene insolvente. El mafioso se hizo de este consorcio gracias a Salinas de Gortari, quien se la regaló, en 1991, por módicos 145 millones de dólares, cuando su precio real (incluido el de 11 empresas adicionales con las que también se quedó en el paquete, entre ellas seis mineras, se aproximaba a 4 mil millones de dólares; eso sí, por decreto, los pasivos quedaron en manos de todos los mexicanos).

Por aquellos ayeres, Ancira presumía que si Salinas de Gortari le entregó AHMSA fue “porque tenemos un proyecto a prueba de balas; fue el mejor y esto fue lo que le gustó al gobierno, pero no resistió los excesos, errores y fraudes cometidos por el gansteril empresario, solapado por el régimen neoliberal.

Sirva lo anterior de contexto para ponderar la propuesta –ya presentada a la presidenta Sheinbaum– que ha hecho pública el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, por medio de su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, para analizar la posibilidad de rescatar Altos Hornos de México mediante una cooperativa en la que participen mineros, empresarios con visión social y gobierno federal. Debido a la malversación de fondos, saqueo de maquinaria y deudas con el extranjero se requerirían al menos 3 mil millones de dólares, por lo que hay que buscar esquemas viables ( La Jornada, Raúl Robledo, corresponsal).

Cerca de 20 mil trabajadores recuperarían su fuente de trabajo, con todos sus derechos; se restablecería el potencial económico de la zona; los acreedores cobrarían lo que el mafioso no les pagó y el país tendría de nuevo un sector estratégico. Como bien lo apunta el líder minero, la quiebra de AHMSA es un ejemplo nefasto de las privatizaciones; debe investigarse a fondo para fincar responsabilidades a dueños, accionistas y directivos que la llevaron a esa situación por su ineficiencia y gran corrupción al operarla; Ancira dejó a la empresa como un gran cementerio: instalaciones abandonadas y saqueadas; vendió e hipotecó parte de la maquinaria, y a oscuras, porque la Comisión Federal de Electricidad les cortó la luz por falta de pago. Su quiebra es un grave problema social que hay que resolver; fue una gran acerera y ahora es un sitio fantasma.

Las rebanadas del pastel

Patricia Aguayo, una energúmena técnica en enfermería militar que dice despachar como vocera de los trabajadores del Poder Judicial, con todo el ácido del mundo aparece un día sí y el siguiente también en el circo mediático de la derecha. La pregunta es si a él asiste porque le pagan, o es ella y lo que representa quien paga por estar.

X: @cafevega

México, SA

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