El sexenio que recientemente terminó provocó interesantes y polémicos debates que no siempre fueron bien procesados. Muchos de los argumentos expuestos en ese periodo fueron descalificados o aplaudidos con el único criterio de estar a favor o en contra del gobierno en turno. En tal contexto, una boyante industria de la comunicación y desinformación intervino para los múltiples intereses en disputa.
Este es un fenómeno que se viene arrastrando desde hace al menos dos sexenios y que se debe investigar en aras del derecho a la información y para propiciar debates constructivos. ¿Quiénes y con qué recursos intervienen con mentiras, “verdades a medias”, desinformación y mensajes de odio en el debate público? ¿Cuál es su interés? No sólo están los ejércitos de robots en redes sociales, también hay páginas que difunden “publirreportajes”, youtubers y toda una cadena que intercede de forma negativa en debates fundamentales en la vida política.
No se trata de restringir el derecho a la libertad de expresión, menos de montar estrategias policiacas de persecución: se trata de develar y regular negocios que son utilizados por los aparatos de gobierno en todos sus niveles, por intereses económicos e incluso por el mismo crimen organizado.
Pero la industria de la desinformación no es el único proyecto que trascendió sexenios. La expansión de las economías criminales y de las violencias que acarrean son un hecho indudable. Si bien este fenómeno viene ocurriendo desde décadas atrás y con mucho mayor fuerza con el gobierno de Felipe Calderón, lo cierto es que las corporaciones criminales y su violencia, así como la impunidad con la que cuentan, sigue presente en el país.
No estamos frente a hechos aislados o pugnas entre grupos, estamos frente a una dinámica estructural que se manifiesta en todo el territorio nacional, con intensidades variadas en territorios y temporalidades. Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas son focos de alarma hoy, pero Chihuahua, Colima, Morelos, Baja California, Jalisco y Zacatecas también figuran como territorios en disputa y escenarios de violencia. ¿Cuántas familias dependen de estas economías criminales? ¿Cuál es el poder de fuego y número de efectivos armados con que cuentan? ¿Hasta dónde han penetrado a gobiernos y policías? ¿Quiénes y con qué intereses los protegen? Esas y otras preguntas deben estar en el debate nacional.
Otro hecho a observar es que en México se sigue apostando por el extractivismo como motor de desarrollo. El extractivismo, señala Maristela Svampa, es un “patrón de acumulación basado en la sobrexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como improductivos”. Dicho patrón contempla actividades como la minería y el petróleo, pero también otras como la construcción de proyectos y megaproyectos que facilitan la extracción y transporte de esas mercancías y de mano de obra.
Estas actividades se combinan con otros megaproyectos de infraestructura y energéticos. En palabras de la nueva secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, en adelante se buscará “desterrar el paradigma neoliberal extractivista, generador de desigualdades”. ¿Cómo lograr esto con un gobierno que hereda y se compromete a continuar con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Plan Sonora, el Proyecto Saguaro y el Tren de Ímuris, entre otros?
Un cuarto elemento transexenal por destacar es el poder político, ideológico y económico que vienen acumulando desde hace varios sexenios los militares. Si bien desde la década de los 70 participan en la “guerra contra las drogas” impuesta desde Estados Unidos, fue en el sexenio de Ernesto Zedillo en el que los militares participaron en el diseño del programa de seguridad y también en la capacitación de policías. La Policía Federal Preventiva, hay que recordar, tuvo entre sus filas a miembros del Ejército y la Marina, y tuvo como mando al almirante de la esta última Wilfrido Robledo Madrid. Fue Felipe Calderón quien, con vacíos legales, utilizó al Ejército para su aventura bélica y amplió las tareas de los militares en seguridad.
Sin embargo, es Andrés Manuel López Obrador quien logra lo que ni Peña Nieto ni Calderón habían obtenido: dotar de herramientas legales para que los militares siguieran desempeñando tareas de seguridad, al tiempo que se creó una nueva policía militarizada, como lo es la Guardia Nacional. Por si fuera poco, se ha dado a los militares gran poderío al otorgarles la construcción de obras, bancos y proyectos turísticos. También preocupa la impunidad de que gozan sobre crímenes del pasado.
Industrias de la desinformación, economías y violencias criminales, megaproyectos y extractivismos, así como la militarización, son fenómenos transexenales que deben debatirse seriamente por la gravedad con que impactan a nuestra sociedad. Los logros que se hayan obtenido en el anterior sexenio y el amplio apoyo popular con que cuenta dicho proyecto no deben hacernos dejar de ver la realidad ni perder los horizontes de cambio.
* Sociólogo
@RaulRomero_mx
