Madrid. Uno de los problemas más graves de la sociedad española, sobre todo de los más jóvenes y de las familias de ingresos bajos o medios, es la vivienda. O no hay o es muy cara. Precisamente por eso, que se ha convertido en una olla de presión con el tiempo, más de diez mil personas salieron a las calles de Madrid para exigir que se resuelva esta situación y para denunciar la “ley de vivienda basura” que aprobó en el 2023 el actual Ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y para pedir la “dimisión” de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez.
La marcha recorrió el centro de la capital española, en la que jóvenes y familias se congregaron para gritar consignas contra el gobierno y contra los “especuladores y los rentistas”, a los que señalan como los principales responsables de la ausencia de vivienda asequible en España, un problema cada vez mayor en las principales ciudades del país, sobre todo en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Bilbao, San Sebastián y Sevilla, donde los precios están disparados y la oferta ha mermado mucho, sobre todo por el auge de los llamados “alquileres por temporada” y “vacacionales”. Entre los cánticos más escuchados destacaron frases como “Fuera rentistas de nuestros barrios”, “Una habitación no es la solución”, “Ministra, dimisión” o “La Ley de Vivienda es una basura”.
Al final de la manifestación se leyó el manifiesto, que redactó la organización convocante, el Sindicato de Inquilinos, en el que se advirtió que “los caseros y los rentistas son culpables de esta situación. Por eso, es el momento de que las inquilinas demos un paso al frente e iniciemos una escalada de movilizaciones hasta desembocar en una huelga de alquileres capaz de forzar a los rentistas a reducir el precio de los alquileres hasta un 50 por ciento, de tal forma que el inquilinato pueda destinar a la vivienda como máximo un tercio de sus ingresos mensuales -actualmente el porcentaje supera el 60 por ciento-.
Además denunciaron que “en la Comunidad de Madrid, los fondos buitre poseen decenas de miles de viviendas que les regaló y vendió el gobierno autonómico madrileño. Por ello, es fundamental expropiarlas y recuperarlas para que pasen a estar bajo gestión y control de las vecinas que las habitan”. Asimismo, reclamaron a las autoridades el “cierre” inmediato de todos los departamentos destinados a uso turístico en España y advirtieron que sólo en Madrid hay más de 17 mil.
Los manifestantes también pusieron el dedo en la llaga de otro problema estructural, el de los lanzamientos de personas y familias por el impago del alquiler o de la hipoteca. “Los desahucios siguen siendo una problemática real para quienes no tienen control sobre su vivienda, alcanzando los 82 diarios en 2024 mientras el Gobierno central asegura haber terminado con ellos. Es por ello que nos manifestamos para acabar con todos los desahucios y también para exigir la desarticulación de todas las empresas de desokupación que aterrorizan con métodos mafiosos y paramilitares a las familias más vulnerables”.
Por último exigieron la “dimisión” de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, “por su responsabilidad personal y directa en el absoluto fracaso que ha supuesto la Ley de Vivienda hasta la fecha”, al ser “una ley diseñada para ser ignorada por la mayoría de las comunidades autónomas; esquivada por los rentistas, incluso en los territorios donde supuestamente se aplica; e incumplida por las inmobiliarias, todo ello con completa impunidad mientras se sigue cargando el peso de esta situación insostenible sobre las espaldas de las inquilinas”.
