A 15 años del decreto presidencial por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro (LyFC), integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hicieron ayer un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despedir a los ministros que arrebataron nuestra fuente de trabajo y que el próximo año serán electos mediante voto popular.

Al son del mariachi, decenas de electricistas cantaron Las golondrinas y advirtieron que mientras ellos siguen en pie de lucha, los 11 jueces del máximo tribunal se van, aun cuando están muy necios e insisten en echar abajo la reforma judicial, señaló Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del SME.

Desde un templete instalado frente a la SCJN, mencionó que el 30 de enero de 2013 la segunda sala negó un amparo al gremio de electricistas, al considerar que el Ejecutivo federal no era el patrón de LyFC. De esta manera, la relación laboral con los trabajadores quedó extinguida y, como planteó el proyecto del ministro Luis María Aguilar –quien en diciembre próximo concluye su periodo–, cerró en definitiva la posibilidad para que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en patrón sustituto de los despedidos el 11 de octubre de 2009.

A través de Luis María Aguilar, ese proyecto nos echó a la calle. El 30 de enero estuvimos en este mismo lugar, y ese día fue trágico para nosotros porque en las manos de los ministros estaba nuestro derecho al trabajo, reprochó uno de los electricistas.

Los congregados también recordaron que en julio de 2010, en una sesión de un poco más de tres horas, la SCJN avaló la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro; subrayaron también en que el acto impulsado por el gobierno de Felipe Calderón fue ilegal.

Montes de Oca señaló que la Suprema Corte fue cómplice de cinco gobiernos neoliberales de PRI y PAN, lo cual ocasionó daño al país.

Así, enlistó que los ministros de entonces modificaron leyes secundarias y validaron políticas neoliberales, como la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, que permitió la privatización de las tierras ejidales afectando a campesinos e indígenas.

También –agregaron– los jueces convalidaron la reforma a la Ley Minera de 1993, permitiendo que empresas extranjeras explotaran los recursos minerales del país afectando a las comunidades y contribuyendo a la devastación del medio ambiente.

Además, validaron una reforma que desmanteló el sistema de seguridad social en el país y apoyó la privatización de los fondos de pensiones en 1997 en el gobierno de Ernesto Zedillo, señaló el sindicalista.

¡Poder Judicial, por voto popular!, ¡Poder Judicial, por voto popular! fue una de las consignas que lanzaron los ex trabajadores, a quienes desde el templete se les pidió tener lista la credencial de elector porque el próximo año los jueces y los ministros los va a poner el pueblo.