Durante 2023, el ex priísta y ahora obsecuente morenista gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, impuso una contrarreforma a los trabajadores al servicio del estado y municipios para colocarlos –como Ernesto Zedillo en 1997 (IMSS) y Calderón en 2007 (Issste)– en el esquema Afore de capitalización individual, demoliendo el fondo solidario que los amparaba.

Para ello, sin tomar en cuenta a los principales involucrados, con oídos sordos, cerrazón, intransigencia y la mayoría de Morena en el Congreso local, les implantó una ley del fondo de ahorro para el retiro, armando una Afore estatal, pasando por encima de toda la evidencia mundial que confirma su fracaso como “modelo” para pagar pensiones, deteriorando seriamente sus ingresos futuros con repercusión directa sobre sus familias y la sociedad nayarita.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (Sutsem) manifestó inmediatamente su inconformidad, informando ampliamente acerca de las graves consecuencias de la iniciativa del obsecuente gobernador.

La “nefasta” ley Navarro –la peor de seguridad social de México– fue decretada el 16 de marzo pasado, frente a lo cual la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos buscaron invalidarla, promoviendo una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El asunto fue atendido el 26 de agosto.

La SCJN aceptó el recurso de inconstitucionalidad. El ministro Pérez Dayán presentó un proyecto que muestra la incompetencia del Congreso local para legislar en materia de sistemas de ahorro para el retiro y de seguridad social para los trabajadores del sector privado, aun antes de considerar previsibles violaciones al proceso legislativo.

A su vez, la ministra Lenia Batres estableció que más allá de la legitimación de los promoventes, lo fundamental sería enfocar la invalidez de la “nefasta” ley en su probable violación a los derechos humanos de los trabajadores involucrados.

Según la argumentación de Pérez Dayán, el Congreso local es incompetente e invade facultades del Congreso federal cuando propone que Afore-Nayarit sea administrada por Afore-XXI-Banorte, toda vez que la ley impugnada y su fondo de ahorro no sólo operan como Afore, sino también como organismo de seguridad social.

De forma que, según su argumentación, debe declararse la incompetencia del Congreso local porque 1) los sistemas de ahorro para el retiro (cuentas individuales en Afores) y los trabajadores vinculados a ellos integran el sistema financiero, por lo que su ámbito de aplicación e influencia es federal. Es facultad del Congreso de la Unión legislar en intermediación y servicios financieros; 2) las facultades de Consar regulan y supervisan el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes, y cuando el Congreso local legisla sobre ellos se inmiscuye en materia que no le compete; 3) aunque los congresos locales están facultados para establecer cuentas individuales a sus trabajadores estatales y municipales, esto no significa que puedan regular temas relativos a la Constitución, organización, funcionamiento y operación de una Afore, lo que hace la “nefasta” ley-Navarro, la peor de seguridad social de México; 4) dicha ley es inválida porque es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de seguridad social para trabajadores del sector privado (IMSS) y no asalariados.

Nueve ministros votaron en contra del proyecto de Pérez Dayán y dos en favor, por lo que éste propuso returnarlo entre los que se expresaron en contra para que se centren a fondo en el examen de la competencia o incompetencia del Congreso de Nayarit.

Lo anterior, en el entendido de que, como señalaron los ministros, “es claro que el análisis y estudio de la competencia debe prevalecer por encima del resto del proyecto y, por tanto, de declararse la incompetencia, ya no habría que analizar la norma”. Al no existir precedente sobre el particular, es relevante que la SCJN estudie a conciencia el tema destacando que el examen de la incompetencia del Congreso nayarita pueda definir si esa incompetencia abarca toda la “nefasta” ley-Navarro, así como su incompetencia en relación a los trabajadores privados (IMSS).

Mientras, los sindicatos y sus trabajadores ya informan oportunamente a la sociedad nayarita sobre el lógico fracasado destino de la peor ley de seguridad social de México.

*UAM-X