La mandataria también despejó las inquietudes en torno a las relaciones comerciales y la futura revisión del tratado en la materia que también incluye a Canadá, el T-MEC. Recordó que las declaraciones de los candidatos presidenciales estadunidenses se hacen en el contexto de la lucha electoral, y que cuando se conozca al próximo ocupante de la Casa Blanca será posible dialogar sin las estridencias propias de las campañas. Cabe saludar que la presidenta Sheinbaum no haya dejado pasar sus primeros 10 días de gobierno para llamar al orden al embajador Salazar, quien desde hace varias semanas ha protagonizado una serie de salidas de tono inaceptables en el trato a una nación soberana.

Debe recordarse que el diplomático se involucró de lleno en el golpeteo político y las agresiones injerencistas impulsadas por intereses corporativos de ambos lados de la frontera con la intención de frenar la reforma constitucional con la que la mandataria y su antecesor impulsan el saneamiento del Poder Judicial, actualmente hundido en la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, la arbitrariedad, el partidismo y la complicidad con los delincuentes.

Con este protagonismo, Salazar mostró poco tacto en el desempeño de sus funciones, además de dar la apariencia de ser vocero de los grandes capitales más que del pueblo estadunidense, una confusión de roles que también afecta a otros funcionarios y legisladores de su país. En este sentido, los lineamientos transmitidos por el gobierno federal pueden leerse como una advertencia general de que no se tolerarán dichos ni actos que pretendan vulnerar la autodeterminación mexicana, advertencia a la que harían bien en prestar atención quienes conciben el injerencismo como una prerrogativa imperial a la que debe plegarse el resto del planeta.

Es de esperarse que el personal diplomático extranjero en México, los gobiernos a los que representa, las elites financieras y empresariales, los organismos multilaterales y otros actores relevantes como las agencias calificadoras capten este mensaje y, en consecuencia, cesen sus pretensiones ilegales e ilegítimas de interferir en las decisiones soberanas del país. De no ser así, las autoridades habrán de marcarles un alto y reconducirlos a un marco de respeto y observancia de las leyes.