La Cámara de Diputados aprobó ayer y envió al Senado una reforma constitucional en la que eliminó la obligación del Estado de conducir en solitario el proceso de transición energética –el paso de combustibles fósiles a métodos no contaminantes, además del uso de nuevas tecnologías–, tema que generó un debate ríspido entre los partidos mayoritarios y la oposición sobre la pertinencia de dicho ajuste, el cual implica que se llevará a cabo entre gobierno e iniciativa privada.

Luego de una sesión de 14 horas, Morena y sus aliados aprobaron en lo particular –con 350 votos a favor y 111 en contra–la iniciativa mediante la cual Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad recuperaron su estatus como empresas públicas del Estado.

Cerca de la medianoche del miércoles, cuando el pleno desahogaba las 260 reservas que se propusieron a la reforma, la morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva subió a tribuna para proponer una serie de cambios al dictamen, entre los que destacaba omitir un párrafo que había propuesto el PVEM en comisiones, en agosto pasado, y no estaba contemplado en la propuesta original del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicho fragmento, incluido en el artículo 27 constitucional, mencionaba que el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación [...], para lo que se establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias.

Esta modificación de último minuto dio lugar a una polémica de dos horas, en el que el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, aseguró que el propósito del cambio era incluir a la iniciativa privada en el proceso de transición energética, pero dejando únicamente en el Estado la responsabilidad de crear políticas públicas en la materia.

Los partidos opositores, que durante todo la sesión acusaron a Morena, PT y Verde de impulsar una concentración monopólica del mercado eléctrico en manos de la CFE, ahora reprocharon que el cambio implicaba una renuncia de las funciones del Estado en materia de energías limpias.