Ciudad de México., La ex comisionada Eugenia Allier, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia (1965-1990), presentó esta tarde su informe final sobre “Verdades Innegables”, en el que da cuenta de las graves violaciones a derechos humanos contra militantes políticos y sociales, como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria y desplazamiento forzado.

La investigación que realizó de manera independiente a la elaborada por sus compañeros del MEH, Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, da cuenta de un listado de mil 103 personas desaparecidas de manera forzada e identifica a alrededor de 2 mil 200 personas implicadas en la represión que se ejerció en ese periodo, entre ellos funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno y grupos involucrados.

En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, frente a sobrevivientes y familiares de víctimas, así como integrantes de colectivos e investigadores, Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el actual gobierno federal “seguirá trabajando en el largo camino por la verdad, la justicia y la memoria respecto de las violencias ocurridas durante la llamada guerra sucia”.

Reconoció que ese andar fue iniciado hace más de 50 años por los familiares de víctimas, luchadores y sobrevivientes, “quienes han sido las personas pioneras del cambio democrático en nuestro país”.

Previo a la presentación del informe, Allier pidió guardar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de Estado, “para las doñas, las madres, las esposas, las hermanas, los padres, los esposos y los hermanos que se han ido sin conocer el destino de sus seres queridos, y por los sobrevivientes que se fueron sin conocer justicia”.

Destacó que la violencia política que el Estado mexicano ejecutó en contra de luchadores sociales y militantes políticos “había sido negada y opacada por los poderes políticos y los medios de comunicación, con sus honrosas excepciones, pese a las décadas de lucha de familiares, sobrevivientes y colectivos de la guerra sucia. No permitamos que estos silencios perduren, que se deslegitimen sus justas demandas y que se invisibilice la dimensión política del daño que sufrieron”.

Un pequeño recordatorio de que hoy, 10 de octubre, presentamos el Informe "Verdades innegables. Por un México sin impunidad", a las 16 horas en el @ccutlatelolco. Les esperamos pic.twitter.com/AvnXX6m1EE

— Eugenia Allier Montaño (@EugeniaAllier) October 10, 2024

Soledad Lastra, integrante del grupo de investigadores que participó en la elaboración de este informe, resaltó como uno de los principales “la reconstrucción del sistema represivo que nos permite afirmar que en México existió una violencia de Estado coordinada, que contó con la colaboración interinstitucional de distintos autores y que tenía como objetivo aniquilar proyectos políticos de transformación social y a las personas que los encarnaban”.

Sostenemos, dijo, que el sistema represivo se construyo a partir de tres grandes pilares institucionales: las fuerzas armadas, con especial participación de la Sedena; la Secretaría de Gobernación y sus servicios de inteligencia la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales; y las policías que actuaron en distintas escalas y que fueron posibilitadoras de los distintos planes de contrainsurgencia.

Este sistema, agregó, se sostuvo también con la creación y ejecución de organizaciones paraestatales.