Madrid. Las mujeres y las niñas se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir inseguridad alimentaria y malnutrición en un mundo en el que el hambre sigue causando estragos a pesar de los compromisos internacionales, según muestra el Índice Global del Hambre de 2024, un informe que apunta a una “parálisis” en la lucha contra una situación que se cierne especialmente en las poblaciones del África Subsahariana y Asia Meridional, donde el hambre sigue siendo grave.

Este nuevo informe sitúa en 18.3 el índice de hambre global -dentro de una escala de cien-, un dato ligeramente inferior al de 2016, cuando se registró 18.8. Este estancamiento supone un ejemplo más de las dificultades que suponen las crisis a la hora de tomar medidas que logren reducir el hambre a nivel internacional.

A pesar de la postura de la comunidad internacional, el acceso adecuado a alimentos sigue siendo un derecho no garantizado y, según estos datos, de seguir la tendencia actual no se alcanzarán niveles bajos de hambre hasta el año 2160, por lo que ha destacado la importancia de “promover enfoques transformadores de género en los sistemas alimentarios para revertir la situación”.

Desigualdad de género

El texto -publicado por Welthungerhilfe (WHH), Concern Worldwide y el Instituto de Investigación sobre Políticas Internacionales de Alimentación (IFPRI)- apunta a que el hambre y la desigualdad de género “se entrelazan de forma crítica”, de tal forma que las mujeres y las niñas son colocadas en una posición de vulnerabilidad extrema debido a la discriminación y la violencia de género.

Asimismo, destaca que las mujeres sufren de forma desproporcionada los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y las emergencias climáticas, por lo que es necesario abordar todos estos retos de forma equitativa, reconociendo las diferentes necesidades de la población. El objetivo, según el documento, es garantizar la representación y participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión a todos los niveles e introducir las reformas necesarias para “incorporar la justicia de género a todas las escalas”.

Parálisis en la lucha contra el hambre

No obstante, las perspectivas de lograr el cumplimiento del Objetivo de Hambre Cero para 2030 son desalentadoras. Para el director de Incidencia de Ayuda en Acción, Alberto Casado, esto refleja una “parálisis en la lucha contra la reducción del hambre”. Así, ha lamentado que “al ritmo actual, el mundo no alcanzará niveles bajos de hambre hasta el año 2160, lo que supone un retraso de 130 años respecto a los compromisos internacionales”.

Los datos del índice muestran que son 43 los países que muestran niveles alarmantes o graves de hambre, con Burundi (44.1 puntos), Chad (36.4), Madagascar (36.3), Somalia (44.1) y Yemen (41.2) a la cabeza. Es en el África Subsahariana, la región con los niveles de hambre más elevados, donde el progreso ha sido prácticamente nulo desde 2016, mientras que en América Latina y el Caribe, los niveles de hambre han empeorado debido al aumento de la inflación alimentaria y las condiciones de deuda extrema.

En total, 733 millones de personas -una cifra significativamente superior a la de hace una década- carecen de acceso a las calorías suficientes, mientras que dos mil 800 millones no pueden permitirse una dieta saludable. La inseguridad alimentaria aguda y el riesgo de hambruna van en aumento, según refleja este informe, que alerta que el hambre se está convirtiendo en un arma de guerra.

Bajo estas alarmantes estadísticas subyace un estado de “permacrisis” derivado de los conflictos generalizados, los crecientes efectos del cambio climático, las perturbaciones económicas, las crisis de la deuda y la desigualdad. No obstante, países como Bangladesh, Mozambique, Nepal, Somalia y Togo han percibido un progreso notable, aunque aún persisten muchos desafíos a la hora de lograr que se cumpla con el derecho a la alimentación en el mundo.

Nuevas crisis alimentarias

Además, los conflictos prolongados en regiones como Gaza y Sudán han desencadenado crisis alimentarias sin precedentes, mientras que en otros lugares, como Haití y República Democrática del Congo, la inseguridad alimentaria se ha agravado por la inestabilidad política, la violencia y el impacto climático.

Esto lleva a un aumento de la brecha de seguridad alimentaria de 19 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en algunas regiones del mundo, una “alarmante realidad en la que la desigualdad de género juega un papel crucial”, según denuncia el texto, que apunta a que esta situación es aún más crítica en países afectados por los conflictos, donde las mujeres que viven en pobreza, en áreas rurales, con empleos informales o que son refugiadas o migrantes se enfrentan a riesgos adicionales y mayores barreras para acceder a los alimentos.

Reivindicación de la justicia de género

Pilar Lara, del equipo de Incidencia de Ayuda en Acción, alerta sobre el grave riesgo que supone el cambio climático: “las sequías, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos obligan a muchas mujeres a recorrer mayores distancias para obtener agua o buscar alimentos, lo que incrementa su carga de trabajo y les deja menos tiempo para cuidar de su propia nutrición o la de sus familias”.

“Por otra parte, las políticas agrícolas y financieras siguen dejando de lado las profundas desigualdades de género que subyacen en los sistemas alimentarios, perpetuando un ciclo de pobreza y malnutrición”, asevera Lara, apuntando que es “urgente priorizar a las mujeres en la agenda global”.

Es por ello que el informe reivindica la justicia de género como pilar fundamental para lograr la seguridad alimentaria y la resiliencia climática, lo que implica “no sólo el reconocimiento de las diferentes necesidades y situaciones de vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres, sino también la redistribución equitativa de recursos y la representación igualitaria en los procesos de toma de decisiones”, tal y como indica el informe.

“El hambre global no se resolverá sin abordar la desigualdad de género”, apunta y añade que “las mujeres no sólo son víctimas de esta crisis sino también agentes esenciales de cambio en la producción y distribución de alimentos”, por lo que “su empoderamiento es crucial para construir sociedades más resilientes frente a las crisis alimentarias”.

“Sin una inversión significativa en estos sectores, las mujeres seguirán siendo relegadas a una posición de desventaja, y los esfuerzos por reducir el hambre serán insuficientes”, recalca.

El informe hace un llamado a la rendición de cuentas ante el Derecho Internacional y al respeto al derecho a una alimentación adecuada, por lo que pide a los Estados mantener y ampliar sus obligaciones legales para eliminar la discriminación de género, garantizar el derecho a la alimentación y mitigar el hambre, incluso durante desastres y conflictos. Además, es de vital importancia “redistribuir los recursos públicos para corregir las desigualdades estructurales y permitir un acceso equitativo de género” a la alimentación.