Durante la presentación de los alcances de las reformas constitucionales en materia energética y ferroviaria, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que son modificaciones fundamentales para recuperar el papel del Estado en ambos rubros. En el primer caso, dijo, permitirá consolidar la soberanía energética y, especialmente permitirá que el objetivo central de las empresas públicas (Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos) no sea mercantil, sino el servicio público.

En su conferencia, la mandataria destacó que en el caso de la energía eléctrica se busca consolidar que el sector público generará el 54 por ciento de suministro de energía eléctrica y la iniciativa privada el 46 por ciento. Cuestionó el modelo que se avaló con la reforma constitucional de 2013, desplazó el carácter prioritario de la CFE en favor de las empresas privadas.

Sheinbaum precisó que la iniciativa de reforma constitucional que deberá discutir la Cámara de Diputados esta semana, contempla eliminar la definición que se les impuso de empresas públicas del estado con la reforma de 2013 , que las equiparaba con las empresas privadas y las obligaba a regirse por el derecho mercantil. Con ello, la propuesta actual pretende que regrese a ser empresas públicas para que se rijan por derecho público.

Con ello, se garantiza la preponderancia de la CFE en la generación de energía eléctrica, porque con la reforma de 2013, se desplazó su papel para conferir a las empresas privadas un papel preponderante. Al eliminar el término de empresas productivas del estado no quiere decir que no queramos que sean productivas, por el contrario, lo que se busca eliminar son las condiciones que se les impusieron que precisamente les impedía alcanzar la productividad

La presidenta destacó que la iniciativa de reforma que está en el congreso y las posteriores modificaciones a las leyes secundarias la CFE y Pemex retoman su papel estratégico en una política energética. Sin embargo, se regulará la forma como participará la iniciativa privada en el 46 por ciento a partir de una planeación energética que cualquier país debe contar.

Subrayó que los contratos actuales con la iniciativa privada incluso con el mecanismo de autoabasto, se respetarán pero vamos a sentarnos a platicar los términos en que participarán en el nuevo esquema.

El objetivo no es pelearnos sino sentarnos a explicar las nuevas reglas que provendrán de la reforma constitucional y las posteriores reformas a las leyes secundarias. Está claro que la reforma le da preponderancia a la CFE, que algunas empresas por motivaciones ideológicas o de intereses privados, pero no tienen nada que ver razones técnicas.

La secretaria de Energía, Luz Elena González explicó que la reforma constitucional de 2013, generó condiciones adversas para la operación de la CFE y Petróleos Mexicanos en beneficio de las empresas privadas, abriendo áreas estratégicas que anteriormente estaban reservadas al Estado. Se privilegió la obtención de rentabilidad económica de la iniciativa privada por sobre las funciones estratégicas del estado.

González dijo que imponer el carácter de empresa productiva del Estado “vulneró la confiabilidad y planeación de la CFE porque en las reglas del mercado rige la rentabilidad”. Además la CFE no recibía el pago necesario por la trasmisión y distribución de energía eléctrica lo que afectó al mecanismo de gobernanza de la CFE.

Recordó que ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se inició un proceso de rescate de la soberanía energética fortaleciendo a Pemex y CFE con lo que actualmente México produce el 90 por ciento de las gasolinas que consume y la CFE el 54 por ciento de la demanda de energía eléctrica. Inició un proceso de revisión de los contratos leoninos que se firmaron al amparo de la reforma energética de 2013 Se pretendió modificar, a través de la reforma a la ley secundaria, para evitar estos excesos pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó gran parte de estos cambios por considerar que eran inconstitucionales.

Por otro lado, el director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous se refirió a la otra reforma constitucional que ya aprobó la Cámara de Diputados que devuelve al Estado mexicano el control de las vías ferroviarias para operar trenes de pasajeros. Recordó que ya mediante un decreto presidencial, el ex presidente había ya devuelto esta posibilidad, pero ahora se eleva a rango constitucional.

Esta modificación a la Carta Magna establece que la operación de vías ferroviarias para el transporte de pasajeros es prioritaria para el Estado mexicano. La reforma impulsa que el Estado pueda operar con empresas públicas o mediante concesiones trenes de pasajeros lo que permitirá reconectar a muchas comunidades que sólo estaban conectadas a través de las vías ferroviarias.

Al respecto, Sheinbaum informó que para 2025 se tiene previsto una inversión 150 mil millones de pesos, lo cual serán del presupuesto público, no habrá endeudamiento, porque es dinero que se tiene por la austeridad republicana.