Ciudad de México. Integrantes de la Coordinación Nacional de Defensa de los Derechos de los Trabajadores para la Vivienda realizaron este martes una manifestación a las afueras de la Cámara de Diputados para exigir que los legisladores impulsen una reforma a la Ley del Infonavit, a fin de que se liberen los créditos de vivienda de los derechohabientes que ya han pagado dos veces o más el financiamiento otorgado originalmente.
Se trata de trabajadores que obtuvieron un crédito hipotecario en 1992, con un monto mayor al tope que establece la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), causando el “anatocismo” (pago de doble tributación) que generó “una deuda impagable con saldos actuales con más de 3 millones de pesos”, puntualizaron.
Lo anterior, debido a que en administraciones anteriores se les otorgó un crédito superior a las 180 veces el salario mínimo (VSM), que es el monto tope para el trabajador que gana de uno a diez salarios mínimos, de acuerdo con el artículo 48 de la ley del instituto, explicaron los afectados.
Agregaron que no alcanzan “ningún beneficio”, a pesar de las diversas opciones que ofrece el instituto.
Una comisión de derechohabientes fue atendida por un grupo de diputados federales, entre ella la ex presidenta de la Comisión de Vivienda, Lilia Aguilar, quien señaló que se acordó con los afectados instalar una “mesa de negociación permanente” para conocer todos los casos, revisar cada uno de ellos y buscar una solución con el nuevo director del Infonavit, Octavio Romero.
Indicó que los acreditados más vulnerables son mujeres y adultos mayores de 60 años de edad o más, que llevan 30 años pagando su crédito con el Infonavit y que están teniendo cobros excesivos en VSM porque no les quieren cambiar a pesos sus financiamientos.
La legisladora federal acusó que los derechohabientes han padecido de empresas de cobro extrajudicial, por lo que les pidió que “no se dejen engañar y no se salgan de sus casas”, ya que, recordó, durante la anterior administración se cambió el concepto de vivienda y ésta ya no es tratada como una mercancía, sino como un derecho humano.
“No al incremento de intereses”, se leía en las pancartas y carteles con las que protestaron durante un bloqueo que duró alrededor de tres horas en la avenida Eduardo Molina, impidiendo el paso del Metrobús a la altura de San Lázaro.