Resulta muy difícil entender que para ellos, en el conteo de las voluntades sólo sea válida la voz que proviene única y exclusivamente de los grupos de poder y que el resto de la población no tenga un valor ni siquiera numérico.
Por eso, en la terrible discusión –la de mayor trascendencia para el país– sobre la reforma a la ley del sistema judicial han tratado de que la tinta busque inundar las razones para hacer valer desde la atalaya de la justicia
a un conjunto de organismos corrompidos hasta su raíz que tuercen la ley, la esconden, la disfrazan o la ignoran según sus conveniencias.
Desde hace mucho tiempo, en cualquier mesa –sin importar su condición social– en la que se abordara el tema, una y otros condenaban el quehacer de la justicia. Unos ejercían la crítica porque nunca les llegaba y otros porque cada día tenían que gastar más dinero en lograrla.
Y sí, la queja subía por todos lados, pero en el fondo los que pueden comprarla se niegan a que se dé un cambio profundo en el sistema, porque a final de cuentas saben que el peso de sus pesos borra los trazos de la justicia y simplemente les favorece.
En fin, lo que no se quiere entender es que ya es hora de darle chance a la justicia, y para impedirlo lo más fácil es invocar a la democracia como la gran defensora de sus injusticias.
Hay quien dice que la elección de jueces, ministros y magistrados no traerá per se un sistema limpio y justo, pero tampoco aportan soluciones, porque aunque dicen que están a favor de un cambio, lo pretenden a su medida, es decir: sin que nada cambie.
No es posible asegurar que los jueces elegidos vayan a ser la honestidad con patas, pero lo que sí es posible asegurar es que lo que hoy se tiene está podrido y cualquier alternativa suena mejor que el aparato corrompido que ahora dice hacer justicia.
La ministra Batres acusó un golpe de Estado
la pretensión del resto de los miembros de la Suprema Corte de invalidar, de cualquier modo, lo que ahora ya es ley, y tal vez su apreciación sea un tanto exagerada dado que el cártel de la toga no va –eso creemos– por la toma del poder, sino por preservar sus privilegios.
No obstante, hay que decir que el poder de los ministros va mucho más allá de las facultades que ejercen los miembros de las cámaras de Diputados o de Senadores, y obtienen beneficios económicos mucho mayores que ellos –cuando menos en el papel–, es decir, se han convertido en un núcleo de privilegio que nada tiene que ver con la democracia, pero que junto con sus jilgueros la usan para justificarse.
Hubo tiempo suficiente para que desde el aparato de la Suprema Corte de Justicia se lanzaran las enmiendas que se podrían considerar como alternativa a lo propuesto por el gobierno, pero en lugar de la propuesta, igual que desde la oposición, sólo se escucharon descalificaciones porque no pudieron los jueces supremos construir una opción justa en la que sus privilegios no se vieran afectados.
Pero eso sí, lanzaron la provocación, que ya fue anulada por la presidenta Sheinbaum y, fuera del escándalo mediático, el asunto está terminado.
De pasadita
En el mismo tenor, dentro del INE, el terror que pretendió levantar la amenaza de una jueza ya pasó, es más, los trabajos preparatorios para la elección de jueces continúan sin retraso, así que otra vez triunfa la justicia sobre los jueces, ¡qué paradoja!
