Ciudad de México. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, informó este lunes que su partido presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Judicial, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El blanquiazul argumentó que “es más bien una reforma electoral, al establecer un ejercicio de elección popular de jueces y magistrados”.

“Presenté una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial ante la @SCJN, ya que lo aprobado por Morena no es solo una reforma judicial, sino una reforma electoral disfrazada. Al incluir la elección popular de jueces, se afecta la independencia judicial y el proceso electoral”, dijo el panista en redes sociales.

A la par, por medio de de un comunicado, aseveró que la reforma al Poder Judicial, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, “realmente esconde” una reforma en materia electoral, que tiene como objetivo que jueces y magistrados sean votados de forma directa por la ciudadanía, en un proceso organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y calificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como parte de las “violaciones al proceso legislativo”, que asegura Cortés se presentaron en la aprobación de la reforma, señaló que hubo una “falta de cumplimiento de suspensiones dictadas por juzgadoras y juzgadores que mandataron cesar el proceso legislativo”.

De igual forma, denunció supuestos “vicios procesales como la falta de identificación veraz de quienes participaban durante la sesión y las votaciones en la Cámara de Diputados, la ilegalidad en la instalación de órganos en el Senado y el atípico e ilegal ‘fast track’ en la aprobación de Congresos Estatales”, entre los que refirió el caso de la Legislatura de Oaxaca.

También, consideró como alarmante que “se plantea el establecimiento de casillas especiales sin la participación de las representaciones de los partidos políticos en el escrutinio y cómputo de los votos, pero con la nueva necesidad de establecer un mecanismo supervisor que garantice la certeza de las personas contendientes en la elección de personas juzgadores”.

Además, impugnó “la falta de deliberación efectiva que garantice la libre determinación de las comunidades indígenas”, la “omisión” de actuar como parlamento abierto, y la “vulneración de la progresividad como derecho fundamental de la ciudadanía”.