Fueron baleados por el Ejército Mexicano, en Chiapas, 18 migrantes, con el resultado de seis muertos y 12 heridos. Dijeron oficialmente que fue confusión luego de que se oyeron dos detonaciones y se respondió a la presunta agresión, pero no hay ni rastro de las supuestas armas que usaron los traficantes. Como quiera, hay más de 20 sobrevivientes que pudieron declarar al respecto.
Pero el caso está cerrado y todavía no se da a conocer la nacionalidad del último fallecido. Un informe señala que éste sería hindú (sic), otro que árabe (sic), además de los ya identificados, tres de ellos egipcios, un peruano y un salvadoreño. Y de los demás tampoco se sabe mucho de su situación, nacionalidad y condición migratoria actual. En muy poco tiempo la fiscalía cerró el caso, con el beneplácito de los militares.
Mal comienzo para la administración de Claudia Sheinbaum; esperemos que no sea de mal augurio. En cualquier caso, es un llamado de atención para el gobierno que, al parecer, no toma muy en serio el asunto migratorio. No se ha nombrado a un nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, y Francisco Garduño sigue al mando, continúa imputado por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez y aún viaja cada 15 días a esa ciudad para firmar en el juzgado. Y todo a cargo del erario.
El comisionado acostumbra lavarse las manos cuando las papas queman. Cuando sucedió lo de Ciudad Juárez le echó la culpa a Marcelo Ebrard, diciendo que la secretaría a su cargo se encargaba de la política migratoria. Ahora pasó a informar que durante el presente año se ha registrado una baja muy significativa de personas que van al norte, como si los flujos migratorios que transitan por México dependieran de su gestión.
No obstante, cabe hacerse la pregunta: ¿quién define la política migratoria? Por lo pronto, la Presidenta ya señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe retomar la propuesta que hizo Alicia Bárcena sobre la cuestión migratoria en los últimos meses de su gestión y que debe seguir operando esa comisión intersecretarial.
Esto dejaría a cargo del asunto a Juan Ramón de la Fuente, pero queda en el limbo la Secretaría de Gobernación y la llamada Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, mejor conocida como la subsecretaría Ayotzinapa. En síntesis, es difícil encontrar a un interlocutor, a un responsable del asunto migratorio.
Según datos de la Patrulla Fronteriza, la presión migratoria fue sumamente complicada después de la pandemia y en los años 2021, 2022 y 2023, en algunos meses, las cifras de detenidos llegaron a sobrepasar 200 mil. Diciembre de 2023 fue el peor año y llegó a 250 mil. Pero este año la presión bajó sensiblemente y, en los meses recientes, sólo se registraron poco más de 50 mil.
Pero la presión migratoria en la frontera norte es una cosa y en el sur otra. En el tapón de Tapachula se concentran decenas de miles de personas que finalmente se quedarán en México o se irán al norte, y todos los días llegan cientos de migrantes a estacionarse en esa localidad. Otros más se escabullen y tratan de ir a la frontera norte por diversas vías.
A escala regional las cosas pueden ponerse peor e incrementarse los flujos. La masacre en Haití de 70 personas por bandas de criminales puede convertirse en un nuevo detonador de la migración. En Cuba las cosas van de peor en peor: no hay comida, no hay servicio eléctrico y ni siquiera con los dólares de las remesas se puede sobrevivir adecuadamente, porque no hay qué comprar. Finalmente, en Venezuela se afianza en el poder Nicolás Maduro y se cierra la posibilidad de un retorno masivo de migrantes; por lo contrario, en Brasil ya se detecta un incremento de flujos migratorios después de las elecciones.
Por su parte, el gobierno de Panamá, en acuerdo con Estados Unidos, se propuso cerrar varias vías de tránsito clandestino en el Darién y canalizar los flujos hacia un lugar donde se pueda procesar y controlar el flujo y deportarlo a sus lugares de origen, con apoyo económico de Estados Unidos. Todavía es temprano para evaluar esta medida, pero ciertamente será disuasiva para los venezolanos, ecuatorianos y otros que usan esa ruta.
Las rutas migratorias cada vez son más peligrosas y México es el “último país de tránsito” antes de llegar a Estados Unidos. Esto no va a cambiar. Y es en la frontera sur donde operan las mafias con total impunidad, que son capaces de reunir y brindar sus servicios a migrantes de cualquier nacionalidad, no importa que sean egipcios, peruanos, indios o salvadoreños. Todos tienen cabida, menos los agentes del gobierno, que fácilmente podrían infiltrarlos y conocer su modus operandi.
