El juzgado segundo de distrito con sede en Colima advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) que debe suspender la organización y el desarrollo del proceso electoral 2025 para elegir a ministros, magistrados y jueces federales, o impondrá una sanción económica de más de 54 mil pesos a cada consejero y presentará ante la Fiscalía General de la República una denuncia para que sean llevados a juicio por desacato.

La resolución, que se publicó como parte del juicio de amparo número 1125/2024, promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala: “requiérase por última ocasión al Consejo General del INE (…) para que en el plazo de 24 horas contadas a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, acate los efectos de la suspensión provisional concedida en el presente incidente de suspensión”.

El recurso concedido establece que el Consejo General del INE debe abstenerse de implementar el proceso electoral extraordinario 2024-2025, y no emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario de 2025.

Asimismo, refiere que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debe suspender la realización de un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), y al órgano de administración judicial en lo que corresponde a sus funciones administrativas y de carrera judicial; además, omita emitir acuerdos generales y específicos que se requieran para implementar dicho plan de trabajo”.

Al Senado le ordena no emitir la convocatoria para integrar los listados de los candidatos que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del PJF, así como omitir tomar protesta de su encargo a los juzgadores vencedores en la eventual elección del primero de septiembre de 2025, y evitar realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento del decreto controvertido.

Asimismo, el fallo establece impedimentos para la Cámara de Diputados federal, los congresos locales y el de la Ciudad de México, para dar cumplimiento al decreto que surgió con la reforma judicial.

En ese contexto, subraya que se apercibe por última ocasión antes de hacer efectiva la medida de apremio, que de no acatar lo ordenado se les impondrá a cada uno de los integrantes del Consejo (del INE) una multa de 500 unidades de medida y actualización (UMA) de acuerdo con la enmienda constitucional en materia de desindexación del salario mínimo que estableció la UMA, que corresponden a 54 mil 285 pesos.