Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió ayer que examinará si impide que siga adelante una demanda de México contra los principales fabricantes de armas, a los que el gobierno mexicano acusa de facilitar el flujo hacia los cárteles de la droga.

En 2021, México demandó por 10 millones de dólares a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio negligente e ilícito alienta el narcotráfico y la violencia en el país.

La Suprema Corte aceptó escuchar una petición del fabricante Smith & Wesson y del distribuidor mayorista Interstate Arms que busca desestimar la demanda, respaldándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas promulgada en 2005, que absuelve ampliamente a las compañías armeras de la responsabilidad por los delitos cometidos con productos de su manufactura.

En agosto de 2022, un juez federal ya había desestimado el caso contra seis de las ocho empresas demandadas, argumentando que el gobierno mexicano no proporcionó pruebas concretas de que las actividades de cualquiera de esas empresas estuvieran relacionadas con el aumento de la violencia por armas de fuego en México.

Sin embargo, la mayor parte de los 180 mil homicidios cometidos con armas entre 2007 y 2019 en este país fueron cometidos con armas procedentes de Estados Unidos, de acuerdo con archivos judiciales del caso; esto significa entre 70 y 90 por ciento de las armas encontradas en las escenas de crímenes.

Entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas por esas empresas, y que son muy difíciles de adquirir de forma legal en México, llegan anualmente al país de contrabando, procedentes de Estados Unidos.

México ha registrado más de 340 mil asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.

Siempre que puede, el gobierno mexicano insiste a Washington que atienda este problema de manera prioritaria.

El gobierno del presidente demócrata estadunidense Joe Biden le da la razón. El fiscal general Merrick Garland lo ha calificado de reto acuciante, junto con el tráfico de fentanilo y de migrantes.

El Congreso estadunidense también lo considera prioritario. Varios senadores demócratas han impulsado un proyecto de ley contra el trasiego de armas en todo el continente americano.

La Ley bipartidista de comunidades más seguras convirtió el tráfico de armas de fuego en un delito federal, pero el gobierno puede hacer más para combatir a los traficantes y garantizar que las armas ilegales no terminen en manos de pandillas y cárteles, opinó en junio el senador demócrata Chris Murphy.

Se desconoce qué haría el ex presidente republicano Donald Trump si gana las elecciones del 5 de noviembre, que disputa a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

El equipo de campaña del millonario, que ha sufrido dos intentos de asesinato en el espacio de dos meses, defiende a ultranza el derecho de portar armas, garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En ese país circulan más armas que personas, un caso único en el mundo, de acuerdo con datos de la agencia Afp.