El pasado primero de octubre, México vivió un hito histórico: transicionar hacia la primera presidencia dirigida por una mujer. La Presidenta con a, como ella se nombró, representa simbólicamente un avance significativo en los derechos y vidas de las mujeres mexicanas.

Esta renovación en el Ejecutivo federal representa una esperanza de cambio, oportunidades y nuevas formas de hacer política ante una coyuntura en la que la violencia de género contra las mujeres continúa, el crimen organizado está arrebatando vidas y en la que se requiere que las políticas públicas sostengan un enfoque de derechos humanos y construcción de paz para la sociedad.

Sin embargo, vale la pena reflexionar si la institucionalidad que se encuentra ahora podrá ser ese paraguas que proteja la dignidad humana y la seguridad de nuestras comunidades.

El reto que tiene nuestra PresidentA no es minúsculo. Por un lado, gobernar un país con una latente crisis de derechos humanos que se agudiza cada vez más, sin aún haber transformaciones estructurales y profundas que puedan atenderlas. Asimismo, los desafíos de reconstruir el tejido social para crear condiciones que prevengan la violencia y encaminen hacia la justicia y la paz. Por otro lado, dirigir un gobierno inserto en una cultura patriarcal en la que a las mujeres se nos exige más, se nos cuestiona más y se nos reconoce menos.

Si bien su llegada es una apertura hacia la destrucción de los techos de cristal, el camino hacia la igualdad sustantiva aún es largo. No sólo necesitamos que gobiernen mujeres, sino que ellas puedan transformar las formas de hacer política; de apostar por diálogos más cercanos, sensibles y empáticos hacia las víctimas y sus familiares; de asumirse como ente responsable de la protección y garantía de derechos humanos; de trabajar de la mano de la sociedad civil organizada en sus distintos niveles; de (de)construir un gobierno para todas, todes y todos. 

También se ha depositado en ella la expectativa convertida en esperanza para promover gobiernos más representativos para quienes componen la sociedad, de hacer praxis tangible el lema “llegamos todas” y que ésta no se convierta en una promesa más de campaña.

Que llegue la justicia para las madres de las víctimas de violencia feminicida, para las familias de las miles de personas desaparecidas en el país y para quienes son desplazados por la violencia en sus territorios. Que llegue la verdad para los crímenes de Estado del pasado y del presente; que llegue la paz en nuestros territorios, casas y escuelas; que llegue la esperanza de que sí podemos caminar y construir mundos más dignos donde quepamos todas las personas.

¿Y qué nos corresponde hacer como ciudadanía activa y política? Nos toca mantenernos en el análisis crítico, en el diálogo político con las demás personas, en continuar observando e informándonos y en la organización social para construir condiciones de libertad y dignidad. También, con la apertura hacia nuevas formas de hacer política, de accionar y de organizar, de exigir al gobierno el cumplimiento de nuestras demandas de la misma manera en que se ha hecho con otros gobiernos.

Si no tuvimos respuestas claras sobre los crímenes de Estado con el cambio de partido al frente de la administración pública federal, esperemos que con la Presidenta esto se transforme en verdades certeras y planes de reparación integral y no repetición para las víctimas y sus familias. Que la esperanza, la verdad, la paz y la justicia con a de dignidad sea una realidad.