Santiago. Veinticinco años después de ocurridos los crímenes, la Corte Suprema de Justicia de Chile declaró ayer a cinco ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), culpables de asesinar a dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1989.

La Segunda Sala del máximo tribunal chileno dictó sentencias tras hallarlos responsables del delito de homicidio calificado: a Hugo César Acevedo, Raúl Farías, Víctor Rolando Caro y Jorge Enrique Rivas deberán cumplir 15 años y un día de presidio, mientras Luis Arturo Sanhueza estará encarcelado 10 años y un día.

El 18 de abril de 1989, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) acribillaron a los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Iván Gustavo Palacios y Éric Enrique Rodríguez en una calle de Santiago, en el municipio de Quinta Normal.

El tribunal consideró probado que, luego del doble asesinato, los agentes de la CNI alteraron el sitio del suceso para simular un enfrentamiento con las víctimas, a las que acusaron de aprestarse a colocar artefactos explosivos.

La CNI operó entre 1977 y 1990 como órgano de persecución, secuestro, asesinato y desaparición de opositores políticos y fue la sucesora de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet al mando del general Manuel El Mamo Contreras, un lugarteniente del dictador a quien reportaba directamente desde el golpe de 1973 y hasta su disolución.

Desde el fin de la dictadura, cientos de agentes del estado que operaron en la CNI y la DINA y que provenían del ejército, la marina, la aviación y las policías de Carabineros y de Investigaciones, han sido llevados a juicios condenados por su participación en crímenes que dejaron más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos, así como decenas de miles de torturados.

Actualmente continúa sin conocerse el destino de más de mil 100 personas.

Hacia fines de 2023, el estudio jurídico Caucoto Abogados, especializado en derechos humanos, actualizó una lista de ocho ex uniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen del cantautor Víctor Jara y del abogado Litré Quiroga; en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, la Operación Cóndor, la Caravana de la Muerte y el Caso Quemados, entre otras investigaciones.

Ex militares, carabineros y civiles miembros de la DINA y la CNI, fueron acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

A mediados de la década de 1970, las dictaduras militares del Cono Sur se unieron para perseguir y eliminar a disidentes de izquierda más allá de las fronteras nacionales, como parte de un plan secreto conocido como Operación Cóndor.

Cientos de personas fueron asesinadas bajo este programa de terror estatal, apoyado por Estados Unidos, en el que participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.