No hay garantía de que las personas migrantes sobrevivientes y familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño, así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del Ejército están involucrados
, denunciaron organizaciones de derechos humanos, luego del asesinato reconocido en un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional y confirmado por el gobierno federal.
Los soldados involucrados están bajo investigación, dijeron. No se volverá a repetir, aseguraron. ¿Quién lo garantiza? Nadie, pues es sabido que no es la primera vez que la política de contención y militarización del control migratorio termina con la vida de población en movilidad.
Las justificaciones para acribillar a las personas en tránsito son las mismas que en el pasado. Dicen que eran sospechosas
y que el Ejército repelió agresiones
, pero más indefensas no podían estar cuando los soldados abrieron fuego contra la camioneta que tendría que dirigirlos a un mejor destino.
Las organizaciones de derechos humanos van al fondo: La actual política migratoria de contención y la militarización de las revisiones migratorias matan y dejan en desprotección a todas y todos, perpetúan la impunidad y la injusticia
.
Los perdones
no bastan. Los arrestos de los militares no implican justicia. Terminar con una aberrante política migratoria es lo que se debería plantear en un país de derechos.
