La disculpa pública y el reconocimiento de que la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 fue un crimen de lesa humanidad, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “abona al resarcimiento del derecho a la verdad y a responder a los reclamos históricos de las víctimas y sus familiares”, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un pronunciamiento, esta mañana al celebrar las acciones de gobierno, expuso que durante aquellos años, los estudiantes y luchadores sociales fueron “injustamente criminalizados y señalados como responsables de la masacre, bajo la acusación de intentar conspirar contra el Estado mexicano. Esta narrativa fue utilizada ampliamente para justificar el uso completamente desproporcionado de la fuerza federal y local y la violencia ejercida por diversos gobiernos en contra de la ciudadanía organizada”.
Indicó que resulta igualmente importante que se reconozca la estrategia de violencia política de Estado en la que se inscribieron los hechos del 2 de octubre de 1968, la cual inició en 1952 con la masacre de henriquistas en La Alameda de la Ciudad de México, y se extendió hasta entrado el siglo XXI, para castigar cualquier manifestación de descontento por la implementación de políticas empobrecedoras, que perpetuaron y profundizaron la desigualdad y de un régimen autoritario que basó su permanencia en la vulneración constante y sistemática del derecho a la democracia.
Por tanto, enfatizó la CNDH, “un reconocimiento integral de este periodo es esencial para avanzar en el camino hacia el resarcimiento integral del daño, la reconstrucción del tejido social y la no repetición de aquellos hechos”.
Refirió que desde el inicio de la actual gestión, en la Comisión Nacional se ha sostenido y defendido la importancia que tienen el derecho a la verdad y el acceso a la justicia para la construcción de una sociedad más democrática, pacífica y humana.
Apuntó que a través de la emisión de las recomendaciones 98VG/2023 y la 46/2022, las cuales abordaron la sistematicidad con que la violencia política de Estado perpetró violaciones graves a derechos humanos contra luchadores por la democracia y en contra de la desigualdad social —como fueron los henriquistas y los movimientos armados como los de Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas—, ha planteado una ruta para empujar el rescate de la memoria, la verdad y el acceso a la justicia.
Entre ellas que el Estado reconozca su responsabilidad y ofrezca disculpas por las violaciones graves a los derechos humanos entre 1951 y 1990, cometidas por el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército y otras policías políticas; facilitar la participación ciudadana en el ejercicio del derecho a la memoria, conservar archivos y crear un Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica sobre violaciones a derechos humanos por violencia política.
Igualmente, coordinar con instituciones de salud para ofrecer atención médica integral, sicológica y siquiátrica prioritaria a víctimas directas e indirectas, sobre todo a aquellas personas mayores que enfrentan olvido, abandono y condiciones adversas; así como emitir un diagnóstico sobre el acceso a derechos como salud, alimentación y educación para víctimas en Guerrero.
