Al dar cumplimiento al primer decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa pública a las víctimas, sus familiares y sobrevivientes del movimiento de 1968. Se trató de un reprobable acto de represión estudiantil y social que tuvo como consecuencia decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados. Con la masacre de Tlatelolco se dejó ver el agotamiento del Estado represor vertical y autoritario, que usó la fuerza de sus instituciones en contra del pueblo. 

GALERÍA: Rinden homenaje a víctimas del 2 de octubre de 1968

Durante la primera conferencia de Sheinbaum, la secretaria sostuvo que la actuación del Estado mexicano en ese periodo fue un crimen de lesa humanidad, que fue concebido, instrumentado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público y la responsabilidad principal recayó en el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz.

Momentos antes, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, dio lectura parcial al decreto presidencial, en el cual Sheinbaum establece que en mi calidad de comandanta suprema de las fuerzas armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México, y que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición.

El decreto de Sheinbaum Pardo subraya que a nombre del Estado mexicano se garantiza la no repetición de este tipo de represiones, actos de privación ilegal de la libertad, incurrimiento en prácticas de tortura y de tratos crueles contra algunos grupos sociales. Nunca más ese tipo de hechos, garantizó la Presidenta.

Como parte de los considerandos del decreto, se subraya que esta disculpa pública pretende contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre, pues hasta ahora no ha habido un reconocimiento político, expreso y formal de la responsabilidad del Estado mexicano.

Rodríguez mencionó que especialmente se dirigía a los familiares de las víctimas que fueron masacradas y a los sobrevivientes, porque ellos fueron los que mantuvieron viva la memoria de aquellas atrocidades y continúan con la lucha y la exigencia de justicia.

Esta acción es muy importante, porque se realiza desde la Secretaría de Gobernación, en la que se instrumentaba la represión al pueblo y donde ahora tenemos el compromiso y la responsabilidad de impulsar las libertades y los derechos. En el Estado mexicano actual se tiene la voluntad histórica de hacer justicia, siempre en apego a los principios constitucionales y a los ideales de libertad y democracias, concluyó Rodríguez.